Juez declara imputado a Arturo Bermúdez por 2 delitos

Prohíben al ex funcionario salir del país y le fijan fianza de un millón de pesos

A Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, se le acusa de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Es señalado por autorizar indebidamente servicios de la SSP. (FOTO: MIGUEL CARMONA. EL UNIVERSAL)
Estados 12/11/2016 01:19 Edgar Ávila / Corresponsal Xalapa Actualizada 04:16
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Un juez de control declaró como imputado al ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita; le impuso una garantía económica de un millón de pesos y le prohibió salir del país.

Durante la audiencia encabezada por la juez de control del penal de Pacho Viejo, Estrella Iglesias Gutiérrez, también se determinó la imputación contra el ex jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Contreras Uscanga, y el presunto socio del ex funcionario estatal, identificado como Roberto Esquivel Hernández.

Fue el pasado 27 de octubre cuando autoridades ministeriales de Veracruz encontraron elementos suficientes constitutivos de tres delitos en contra de dos principales colaboradores del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

La fiscalía estatal ejerció acción penal en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y del ex subsecretario de Administración y Finanzas y ex secretario del Trabajo, Gabriel Deantes.

A Bermúdez Zurita se le acusó de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad, por lo que fue declarado como imputado.

Durante la lectura, se señaló que Bermúdez es señalado de autorizar indebidamente la prestación de servicios para la Secretaría de Seguridad Pública y aprovechar su relación empresarial y de amistad con Roberto Esquivel. Se detalló que Alejandro Contreras Uscanga, quien era el presidente del Subcomité de Adquisiciones de la SSP, solapó irregularidades en la asignación de contratos con empresas vinculadas a familiares y amigos del servidor. Las medidas cautelares serán aplicadas durante cuatro meses. Los abogados de Bermúdez Zurita solicitaron la ampliación del término constitucional de 144 horas para presentar pruebas.

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