Los cónsules de nueve países con representación en Quintana Roo evalúan emitir una alerta de viaje a sus conciudadanos, con el fin de que eviten vacacionar en Tulum, al considerarlo un sitio riesgoso, luego del desalojo irregular de 16 predios costeros, ejecutado por la orden de un juez con apoyo de grupos de choque y policía municipal, el pasado 17 de junio.

Aquel viernes, los propietarios de casas, hoteles o terrenos asentados en casi un kilómetro de playa en Punta Piedra, la mejor zona de Tulum, despertaron con el ruido de camiones y la presencia de un promedio de 500 hombres vestidos con playera negra con la leyenda de “seguridad” en la espalda, quienes armados con palos y piedras, les obligaron a abandonar los inmuebles que ocupan desde hace un lustro, una década o más de 20 años.

Al amparo de una orden de desalojo, mencionada pero jamás mostrada por el actuario de un Juzgado Civil que estuvo presente en la diligencia, los afectados fueron expulsados de sus propiedades con las pertenencias que lograron sacar.

Desde entonces, se quedaron sin casa y sin empleo; tuvieron que refugiarse en los domicilios de amigos y conocidos en Tulum y sus propiedades son ocupadas por sujetos desconocidos, gente armada con machetes que ha enrarecido el ambiente en un destino reconocido y buscado por su tranquilidad y paz, coinciden Luis Alberto Parada y Nuno Silva.

“Hay un grupo consular que está indignado con lo que está ocurriendo en Tulum. Hasta ahorita se han estado reuniendo para organizarse y presionar a las autoridades, que si no dan solución adecuada, van a solicitar a sus países que lancen un warning para no viajar a México porque no es un país seguro para viajar, Ojalá no lleguemos a ese punto”, indicó Nuno Silva, del hotel “Uno Astrolodge”.

Los consulados involucrados hasta ahora son los de Francia, Italia, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Canadá, entre otros.

La semana pasada en Cancún, se desarrolló un primer encuentro entre hoteleros, autoridades de Turismo, consules y afectados, en Cancún, para dirimir lo ocurrido, sin que se llegase a ninguna conclusión.

Los diplomáticos contemplan hacer llegar una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que solicitan su intervención para investigar a fondo lo que ha ocurrido con el desalojo, que a decir de los afectados es mas bien un “despojo histórico”, en el que se les ha negado derecho a audiencia.

A nivel diplomático, también se solicitará la ayuda de la canciller, Claudia Ruiz Massieu, quien además dio su visto bueno para que Tulum fuese nombrado Pueblo Mágico, cuando fue secretaria de Turismo a nivel federal.

“Le pedimos que nos visite, que no crea todo lo que se dice y que si puede, venga ella personalmente o una persona de su confianza para que tenga realmente una opinión”, indicó Luis Alberto Parada, del hotel “Casa Géminis”, quien señala que Tulum es un sitio en donde se perdió el estado de Derecho, la certidumbre jurídica y el respeto a los derechos humanos.

Parada estuvo junto con Nuno Silva y decenas de empleados que se quedaron sin fuente de trabajo con el desalojo, en los juzgados del Poder Judicial de Quintana Roo, el viernes pasado.

Ahí, se entrevistaron con el juez, Gustavo Efrain Chan Caamal, quien les negó acceso al expediente, al desconocerlos como parte del juicio.

Azorado, Parada dice en entrevista que es increíble que la autoridad que ordenó expulsarlos de sus propiedades, les diga ahora que carecen de personalidad jurídica en el caso y que por ello no les pueden dar ninguna explicación de lo que pasó.

“El Poder Judicial de Quintana Roo nos dice que no tenemos derecho de saber por qué fuimos despojados y que vayamos al poder federal.

“Lo que el juez nos dijo es que como él no estuvo presente durante el desalojo, se fía de lo que consta en actas hechas por el actuario que le dijo que todo estuvo bien; todo lo demás que se ve en videos, grabaciones y testimonios, no sirve, porque el actuario dice que está todo bien, que el procedimiento fue el normal. El juez le cree al actuario y no a los ciudadanos”, indicó Paradas.

Las partes involucradas son Esteban Schiavon Magaña, empresario regiomontano que se asume como dueño de terrenos en la zona del Ejido Pino Suarez y una entrenadora de delfines que radicaban en Playa del Carmen y Guadalajara, quien supuestamente le arrendaba propiedades en mas de 600 kilómetros de playas de Punta Piedra.

Al dejar de pagar la renta, Schiavon emprendió la acción legal correspondiente para “desalojarla”.

El problema es que esos predios –entre hoteles, casas y terrenos en breña- tienen otros dueños y ocupaban esos 16 lotes. Ninguno conoce a la entrenadora de delfines y acusan que es una “figura ficticia”, utilizada por el empresario para despojarles de sus propiedades, ya que las escrituras que exhibe son “falsas”.

Sobre el desalojo, el testimonio de Parada coincide con otros testimonios recolectados por EL UNIVERSAL, en cuanto a que la diligencia se desarrolló sin notificación a los ocupantes.

En ese kilómetro costero, se ubican 18 predios, pero sólo dos de ellos, propiedad del actor Roberto Palazuelos, ex presidente de la Asociación de Hoteles y del actual dirigente del organismo, Adolfo Contreras, se salvaron del desalojo, pues previamente llegaron a un acuerdo con Schiavon.

“Lo que están diciendo los que no fueron despojados y se han arreglado, es que en Tulum reina la paz y la tranquilidad y que les está esperando de brazos abiertos, en donde nada esta ocurriendo. Nosotros queremos hablar de la realidad, que en los predios involucrados hay gente armada con machetes, hay gente con machetes en las playas para recuperar sus propiedades, todo eso no se ve”, subraya Paradas.

msl

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