La diócesis de esta localidad declaró que ante la posibilidad de que el Congreso de la Unión lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones para revisar la Ley anticorrupción, los legisladores deben “actuar con visión amplia y altura de miras” para someter a revisión en ese mismo lapso, “los aspectos de la reforma educativa y de salud que requieren cambios, de acuerdo a las justas demandas que se presentan”.

En una carta del Consejo Diocesano de Pastoral, los vicarios Gonzalo Ituarte, Luis Manuel López Alfaro y otros párrocos de las zonas sureste, sur, chol y chab, piden a la comunidad diocesana a “aportar todo lo que esté a nuestro alcance para favorecer verdaderas soluciones de fondo”.

Piden que cada parroquia y comunidad intensifique su oración para pedir la pronta solución por el camino del diálogo”.

Piden “tener una generosa solidaridad con las iniciativas que buscan impulsar los caminos de diálogo y de expresión de las justas demandas mediante vías pacíficas y no violentas, que generen las menores afectaciones a la población”.

En la carta pastoral, los sacerdotes recuerdan que en días pasados los obispos de las diócesis Felipe Arizmendi Esquivel y Enrique Díaz, consideraron como “justa” la petición que realizan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para sentarse a dialogar con el gobierno federal, ya que “dialogar no es conceder todo lo que se pide”, sino “acceder en aquello que sea justo y oportuno”.

En la carta de los obispos decían haber “seguido con atención los acontecimientos que han generado una manifiesta inconformidad en torno a las reformas estructurales, que no solo han tenido resonancia en las personas directamente afectadas, sino en amplios sectores de la población de nuestros estado”.

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Por eso, si el gobierno federal se siente a dialogar con los maestros, “no es dar marcha atrás a la reforma educativa, sino abrirse a escuchar quizá aspectos que se deben mejorar y corregir, pues ninguna ley humana es perfecta”.

“Algunos puntos de la evaluación pueden ser más justos y adecuados a las diferentes circunstancias de los maestros, sobre todo en las comunidades indígenas y rurales distantes.

Recordaron la carta que enviaron los obispos al presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 27 de junio, sobre el mismo tema.

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afcl

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