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Los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Veracruz desecharon la solicitud del Partido Acción Nacional (PAN) de juicio político contra el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa.

En medio de un proceso electoral, los legisladores locales dieron por desechada la solicitud presentado por Acción Nacional.

Los diputados priístas, con mayoría en la Comisión y en el Pleno legislativo,  aseguraron que la propuesta estaba basada en percepciones y alegatos que no tenían sustento jurídico.

En la votación, sólo dos diputados panistas votaron en contra de la decisión de la mayoría y a favor del sobreseímiento votaron los otro cuatro diputados que integran las comisiones referidas.

Votaron en contra del juicio político los priístas Marco Antonio del Ángel Arroyo, Ciro Gonzalo Félix Porras y Juan Manuel Velázquez Yunes, así como el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Sánchez Macías.

A favor del proceso únicamente votaron los panistas Domingo Bahena Corbalá y Carlos Fuentes Urrutia.

El pasado 3 de marzo la bancada albiazul presentó la solicitud de juicio político en contra del mandatario estatal al acusarlo de cometer actos y omisiones en su gobierno.

Responsabilizaron al titular del Ejecutivo estatal de violaciones a la Constitución y omisiones en el cuidado del presupuesto, mala administración de recursos por más de 35 mil 400 millones de pesos, así como violaciones a la Constitución por el incremento de la deuda pública estatal.

Además denunciaron violaciones a la Constitución federal y a la del estado, por actos e intromisión en procesos electorales pasados.

En la querella, aseguraron que las omisiones del gobernador habían afectado el funcionamiento de entes públicos como la Universidad Veracruzana, el OPLE y el Poder Judicial del Estado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, asesinatos de periodistas y desapariciones forzadas.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, explicó que algunos de los argumentos que mostraron los integrantes de las comisiones es que este caso podría considerarse como de “índole electoral”.

Pero además que aún había tiempo para aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el uso de recursos del que acusan al gobernador.

Por su parte, el legislador Sánchez Macías dijo que cada diputado de ambas comisiones decidió libremente el sentir de su voto.

Consideró que la denuncia de juicio político no fue sustentada en situaciones jurídicas o elementos que presumieran algún daño patrimonial.

Además, recordó el diputado local, en la ASF todas las observaciones aún están en proceso de solventación y no existe una denuncia formal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

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