Firman pacto para garantizar educación de calidad

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) signó el Manifiesto por el Derecho a la Educación de Calidad, en el que se concluye que es “obligación del Estado garantizar la calidad de la educación” y se reconocen las demandas laborales del magisterio siempre y cuando se planteen dentro del marco legal.

Al concluir su XLII Asamblea General, que tuvo como sede Villahermosa, la FMOPDH respaldó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor del derecho a la educación, “ratificando la relevancia y necesidad de proteger esa prerrogativa”, a como ya lo habían hecho organismos defensores de derechos humanos y el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el manifiesto, la FMOPDH —que agrupa a los presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos del país y al titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez— detalla que “es fundamental que la sociedad mexicana adquiera los principios necesarios para que se desarrolle en nuestro país una cultura cívica y jurídica que propicie vivir en un verdadero Estado de derecho y se genere un México más justo, incluyente e igualitario”.

Añade que los métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa e idoneidad de docentes y directivos deben garantizar el máximo aprendizaje de los educandos.

La federación indicó que reconoce las demandas laborales del magisterio, “pero insiste en la necesidad de que todo planteamiento o discrepancia se formule por las vías institucionales”.

También hace un llamado a las autoridades para que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ateniendo en sus respectivos ámbitos de competencia el interés superior de la niñez, propiciando el desarrollo de sus potencialidades.

Los presidentes de las comisiones de derechos humanos destacaron la importancia de que el Sistema Educativo Nacional enfatice la necesidad de la educación en y para los derechos humanos, “la cual es una prerrogativa constitucional y un elemento indispensable para la prevención a violaciones a la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente”.