Un mercado del crimen

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La venta de productos que obtiene el crimen está a la vista de todos sin que la autoridad intervenga para frenar la actividad ilícita. Puestos callejeros y tianguis en zonas populares son la vía más común para dar salida a todo tipo de artículos cuyo origen es el robo. Las medicinas son uno de ellos.

En información que hoy publica este diario, diversos tipos de fármacos se expenden en la zona de Tepito de manera abierta sin que los ambulantes sean molestados por la autoridad.

El gancho es el precio. Medicinas para tratar diabetes, por ejemplo se consiguen en precios que van de los 15 a los 80 pesos, mientras en farmacias el valor está cinco o seis veces por arriba.

Diariamente son decenas de personas las que acuden a esos sitios a pesar de los riesgos que esos fármacos representan para su salud, pues en muchos la fecha de caducidad está vencida, por lo que pudieron haber perdido o disminuido sus propiedades para actuar ante la enfermedad.

Datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias indican que el mercado negro representa para farmacéuticas y comercios establecidos pérdidas por 16 mil 500 millones de pesos anuales, equivalente a 9% de las ventas totales de medicinas en el país.

El ilícito no es exclusivo de la capital del país, el año pasado se recuperaron 23 toneladas de medicamentos en operativos realizados en Veracruz, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, Jalisco, Puebla, Aguascalientes y la Ciudad de México.

En las calles se aprecian dos tipos de medicamentos: aquellos de venta comercial libre o con receta que se encuentran en cualquier farmacia o establecimiento y otros que traen la leyenda “Propiedad del Sector Salud, prohibida su venta”. En los primeros, la forma más común en que se obtienen, para después de terminar en el ambulantaje, es el robo; la Unefarm menciona que con frecuencia son víctimas de asaltos a mano armada en los que se llevan dinero y fármacos. En el segundo tipo de medicamentos, puede darse también el robo, pero lo que predomina es la corrupción; en lugar de que las dosis lleguen a derechohabientes del sector público, se desvían hacia las bandas delictivas.

Adquirir medicinas en un lugar no autorizado contribuye a desarrollar un mercado alimentado por la delincuencia, que eventualmente podría evolucionar a otro tipo de crímenes. Frenarlo ahora significará poner un dique a ilícitos futuros. La autoridad, sin embargo, hasta ahora ha sido omisa para terminar con esa práctica.