Morelos en la encrucijada

Editorial EL UNIVERSAL

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Desde hace tiempo ha quedado claro que el estado de Morelos vive una crisis social derivada de la inseguridad que padecen sus habitantes. Hace unas semanas, el clímax se dio cuando uno o varios sicarios atentaron contra personas que participaban en actos públicos que se efectuaban en pleno zócalo de Cuernavaca, ante representantes de diversos medios de comunicación, agentes de la policía que vigilaban el evento, y por supuesto cientos de ciudadanos que asistían al acto o simplemente iban pasando por la plaza.

Ese incidente parece haber sido la gota que derramó el vaso y que ha marcado un nuevo límite en el grado de desfachatez con la que se han instalado en la entidad los integrantes del crimen organizado. Tal es su impacto en la sociedad morelense, que se considera que en la entidad uno de cada tres habitantes ha experimentado en carne propia algún grado de violencia criminal.

En el contexto de la Quinta Marcha por la Paz, llamó especialmente la atención el llamado hecho por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien imploró a los integrantes de los grupos delincuenciales con presencia en Morelos a rectificar el rumbo de sus vidas y tener temor de Dios. Y es que el ministro religioso reveló que el estado vive tan sometido bajo el yugo del crimen organizado y la impunidad (a su decir, 95% de los delitos que se registran en territorio morelense quedan sin castigo) que la mitad de sus 36 alcaldes están pagando derecho de piso, ya sea por amenazas o por compromisos adquiridos con los capos que aportaron dinero a sus campañas para que llegaran a ocupar el puesto político que hoy detentan. A tal punto ha caído la seguridad en Morelos que el propio gobernador, el morenista Cuauhtémoc Blanco, declinó participar en el evento por supuestas amenazas de organizaciones criminales en su contra.

La violencia e inseguridad en los estados recae en primera instancia en los gobiernos locales. Mientras las entidades federativas no asuman la parte que les corresponde en generar condiciones de seguridad y corporaciones policiacas con capacidad de respuesta ante el crimen, la disminución de la incidencia delictiva estará muy lejos de alcanzarse.

En Morelos, la sociedad ha estado activa para exigir al gobierno estatal un escenario de paz. En ese estado, como en otros que registran elevada criminalidad, la participación ciudadana debe convertirse en un acicate para transformar el combate a la delincuencia. Son más los ciudadanos que desean un ambiente de paz y sin tener que modificar su estilo de vida “por seguridad”. Es necesario recordárselo a todos los gobiernos de cualquier nivel, cuantas veces sea necesario.

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