La guerra del gas LP

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Tres cuartas partes de los mexicanos dependen en su vida cotidiana del gas licuado de petróleo o LP. Y es que este recurso energético está más que presente en los hogares de casi todos los mexicanos, ya sea para cocinar los alimentos o calentar el agua con que se bañan cotidianamente a lo largo y ancho del país.

Al revelarse que en el negocio del suministro de gas están registrados como permisionarios más de setecientas empresas, podría pensarse que ante tal diversidad, el consumidor final cuenta con una amplia gama de posibilidades y precios que se ajusten a sus intereses, con un precio a la baja ante tal competencia en el mercado. Y sin embargo, no es así.

De entrada, el cliente tiene que enfrentar prácticas monopólicas por parte de los permisionarios en la distribución y venta del gas LP, lo que redunda en que el costo que se fija al combustible sea el que conviene al empresario y no al cliente. Ello como resultado de que de las poco más de siete centenas de empresas existentes, todas ellas en realidad se agrupan en torno a únicamente cinco asociaciones de distribución. Además, para complicar la situación y aunque suene ilógico, de la flota vehicular con que cuenta el sector nacional del gas doméstico en su conjunto, hasta un 80% de los camiones de reparto no son propiedad de las empresas, sino de terceras entidades que fungen como comisionistas arrendando los automotores y obteniendo un porcentaje de la venta de cada cilindro o tanque estacionario que sea recargado. La explicación a esta última situación en específico obedece a que se trata de añejos negocios familiares que se enquistaron en el sector al identificar territorios como cotos de propiedad.

Ahora se viene a conocer que el denominado huachicol también ha extendido sus tentáculos al negocio del gas y que ya existen empresas fantasmas que se encargan de la distribución y venta de gas robado, que no contentos con surtir combustible no legal, tampoco dejan a las empresas legítimamente consolidadas entrar en algunas zonas a entregar su producto.

Esta crisis confirma una vez más que México no puede despegar económicamente por la falta del estado de derecho, en el que además de los oportunistas y los monopolios, los grupos criminales también han llegado a exigir su tajada en el negocio del gas LP. No podemos permitir que lo que deberían ser negocios honestos al servicio de la población se conviertan en mafias o monopolios y fuente una vez más de corrupción y robo o engaño al consumidor.