El lado malo del outsourcing

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Cumplir la ley en México es un tema complicado. Encuestas, estudios e investigaciones nacionales e internacionales dan cuenta de que en el país el Estado de Derecho –desde sexenios atrás– es pocas veces acatado sin que la situación se modifique.

Ejemplos de lo anterior hay muchos. Este diario aborda hoy uno: el de las empresas que simulan ser especialistas en contratar personal, incumplen la ley y con ello dañan las finanzas nacionales y las del trabajador.

El outsourcing o subcontratación se incluyó hace unos años en la ley laboral mexicana pensando en compañías que no tienen experiencia en temas fiscales, laborales o de seguridad social. La normatividad les permite contratar servicios de firmas reclutadoras que les proveen de recursos humanos y que al mismo atienden las obligaciones que fija la ley laboral en la relación empresa-empleado.

La débil supervisión oficial ha propiciado el surgimiento de firmas que fingen cumplir con la ley. La Asociación Mexicana de Capital Humano estima en 900 el número de compañías que evade las obligaciones legales en materia de outsourcing.

La práctica más extendida consiste en no dar de alta ante autoridades el salario real de los trabajadores. Siempre declaran que el trabajador percibe un salario menor para cubrir las cuotas de IMSS e Infonavit con base en un ingreso más bajo.

Además de afectar las finanzas públicas por no aportar las contribuciones que establece la ley, afectan también el futuro del trabajador, pues su pensión y crédito para vivienda estarán calculados en menores ingresos a los que siempre recibió.

Hasta ahora solo existe la opción de que las empresas que contraten a una tercera puedan verificar si ésta cumple con las obligaciones para el personal; firmas de outsourcing ven deficiencias en el mecanismo, pues solo se informa si la empresa subcontratista paga las cuotas, pero no si reporta adecuadamente el ingreso salarial.

El gobierno federal tendría también que invitar a los trabajadores a verificar si ante IMSS e Infonavit se reporta correctamente el sueldo que reciben. Campañas de información y facilidades tecnológicas se vuelven necesarias.

En este tema hay mucho dinero en juego que no va a las arcas públicas, mucho menos al bolsillo al trabajador, sino a las cuentas bancarias de empresas que han hecho de la burla a la ley una tarea cotidiana sin que alguna autoridad proceda contra ellas. Otro flagrante caso de violación al Estado de Derecho.