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Aunque para mucha gente el aborto continúa siendo una práctica inaceptable —punto de vista casi siempre fundamentado en principios morales o religiosos—, es un hecho que el que una mujer pueda interrumpir un embarazo, por el simple hecho de así decidirlo, es una clara expresión de la libertad que todas las mujeres deberían gozar.
En este sentido, al ser una expresión de un derecho humano —la libre autodeterminación— los Estados están obligados a garantizar a sus poblaciones de mujeres la posibilidad y las condiciones adecuadas y seguras para practicar un aborto, sin importar si la motivación es que el embarazo no deseado es producto de una violación, porque la futura madre no cuenta con las condiciones económicas para serlo o simplemente porque así lo decide quien esta embarazada por razones personales de cualquier índole.
Como la lucha por la equidad entre hombres y mujeres, la pugna alrededor del mundo para que las mujeres puedan abortar libremente ha conllevado en principio la estigmatización social de quienes lo defienden y quienes lo han practicado y en suma la criminalización de la mujer a priori, por el solo hecho de pretender decidir sobre lo que tiene completo derecho: su cuerpo.
Es así que en algunos países existe la posibilidad de que el Estado garantice la elección y en otros no. En algunos el Estado asume que la interrupción del embarazo se dé de manera segura, en condiciones idóneas y como parte del ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva, pero en otros no y la mujer es criminalizada por el mismo hecho.
En América Latina, donde en los últimos meses el tema ha vuelto a estar en el debate público gracias al intento de una parte de la sociedad argentina por despenalizar plenamente el aborto en todo el país, así como en Brasil, donde la discusión continúa, 95% de los abortos es considerado inseguro, de acuerdo con un informe de la OMS, y 97% de las mujeres en edad reproductiva vive en países donde el aborto está muy restringido, según Amnistía Internacional. Estos son datos alarmantes y quienes corren mayores riesgos son las mujeres de escasos recursos, que no tienen acceso a procedimientos seguros.
Ha quedado claro que la mujer que no quiere ser madre es capaz de casi cualquier cosa para interrumpir la gestación, aun poniendo en riesgo su vida, Por ello, pero principalmente porque hablamos del derecho de todo ser humano a decidir sobre sí mismo, los Estados, más que decidir si la mujer debe continuar un embarazo en contra de su voluntad, le toca garantizar la educación sexual a toda la sociedad; dar orientación a hombres y mujeres en edad reproductiva y atender con prontitud y sin distingos a las mujeres que lícitamente deseen interrumpir un embarazo.
