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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lleva a cabo campañas para explicar a las diversas comunidades del país la manera en que pueden obtener una concesión social para transmitir radio.

“Estamos haciendo campañas para acercarnos a donde se nos ha manifestado interés por tener este tipo de concesiones, hemos ido directamente a las plazas donde se encuentran estos grupos que han manifestado su interés”, comentó el presidente del IFT, Gabriel Contreras, durante el primer aniversario de la campaña Nos Importa México.

Destacó que trabajan de la mano con los interesados, “brindándoles asesorías para que tengan claridad sobre los requisitos que prevé la ley para obtener una concesión de carácter social y entregarles su título”.

Contreras indicó que estas acciones son parte de un esfuerzo integral que se ha implementado en el instituto desde su creación. “Para la emisión de los lineamientos conforme a los cuales se pueden otorgar concesiones de orden social, las comunitarias e indígenas, incluso llevamos a cabo foros en lenguas indígenas”, comentó.

Organizaciones de medios comunitarios solicitaron al instituto que retirara la campaña Se busca por robo, la cual está vigente y busca hacer conciencia sobre el uso ilegal del espectro radioeléctrico para servicios de radio o televisión.

Las organizaciones argumentan que, aunque dicha campaña se dirige a estaciones que transmiten sin permiso, los spots de radio y televisión que transmite el instituto ejemplifican el mal uso del espectro con una estación comunitaria.

Sobre la discusión que este miércoles puede darse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno a la constitucionalidad de los artículos 189 y 190 donde se indica que las autoridades pueden tener acceso a los datos de los usuarios de telefonía móvil, dijo que se aprobó con anterioridad que es permitida la geolocalización sin orden judicial y el acceso a la metadata con orden judicial. “Eso no afecta en forma alguna lo que se ha hecho”, aseguró.

El amparo interpuesto por la organización Red en Defensa de los Derechos Digital (R3D) sobre la constitucionalidad de dichos artículos está listado para ser discutido hoy en la segunda sala de la Corte.

Pero el proyecto a discutirse en la Corte se inclina a declarar constitucionales los artículos 189 y 190 de la Ley, lo que preocupa a R3D pues, aseguran, va contra la tendencia internacional de protección de datos de los usuarios de telecomunicaciones.

Añadió que tanto la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como los lineamientos de colaboración con la justicia emitidos por el regulador, indican solamente que el deber de los operadores es conservar la información y, en su caso, entregarla a la autoridad competente.

“¿Cuál es la autoridad competente?, eso no lo dice la Ley de Telecomunicaciones ni el regulador de telecomunicaciones, eso lo dicen las leyes que regulan todo el tema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia”, detalló Contreras.

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