Declarar en ceros no es un acto de desobediencia: IP

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco Servytur, dijo que algunos empresarios toman medidas que no necesariamente apoyan, e incluso afirmó que han hecho un llamado para que los negocios no suspendan pagos

Cartera 03/08/2016 09:21 Redacción Ciudad de México Actualizada 09:34

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco Servytur, aseguró que la propuesta de declarar en ceros no es un acto de desobediencia civil, es una opción que tienen las empresas con cualquier problema contable, o en este caso por las afectaciones económicas que provocaron movilizaciones y bloqueos.

Dijo que algunos empresarios toman medidas que no necesariamente apoyan, e incluso afirmó que han hecho un llamado para que los negocios no suspendan pagos y presenten puntualmente sus declaraciones.

Asimismo, reconoció que los empresarios están desesperados, pues algunos llevan meses sin poder operar adecuadamente, pero reiteró que es necesario que se mantengan apegados a la ley.

En tanto, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, afirmó que no hay un plazo, no hay un ultimátum para que se resuelva el tema de las afectaciones y las acciones violatorias de los derechos humanos que realiza la disidencia magisterial.

“No deberíamos esperar a que la demanda de amparo sea resuelta para que el gobierno comience a actuar”.

Aseguro que tienen un diálogo continuo con el gobierno, sin embargo, “en este caso nos parece que la conducta de los gobiernos ha sido omisa, le ha faltado tomar el toro por los cuernos”.

“No queremos que haya carreteras tomadas, que no se suspendan las operaciones de los aeropuertos, que no se impida a los empresarios llevar a cabo su labor, que los puertos no dejen de operar y que no se cierren las aulas”, sentenció en entrevista en Primero Noticias.

Encabezados por el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, empresarios del país presentaron ayer la demanda en los juzgados de Distrito en Materia Administrativa, en donde acusaron al Presidente, a los secretarios de Gobernación, Educación Pública y a la titular de la PGR, así como a los gobiernos de los estados involucrados en el conflicto de no actuar ni aplicar la ley a pesar del daño a los derechos humanos de las personas.

La demanda de amparo se turnó al juez encargado de temas en materia administrativa, Agustín Tello Espíndola, en la que los empresarios se quejan de que durante los más de 80 días de movilizaciones magisteriales existe “una falta de capacidad de la autoridad para impedir los bloqueos”.

Al juicio que presentó la Coparmex por violación a los derechos humanos, se le sumó la petición de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) de darles exención en el pago de impuestos a empresarios de los estados afectados por las movilizaciones magisteriales, porque registran pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos, aproximadamente.

tcm

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