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Ante el entorno de volatilidad económica financiera internacional y la necesidad de reactivar al interior del país el consumo, la inversión y el mercado interno, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que las dos prioridades deben ser implementar eficaz y por completo las reformas, así como fortalecer el Estado de Derecho, para lo que pidió al Congreso atender once prioridades:
Como primer punto hay que aprobar medidas fiscales que impulsen el crecimiento, la inversión, ahorro y empleo. “Confiamos en que el Gobierno Federal y los legisladores serán sensibles a la situación que prevalece en la economía nacional de crecimiento bajo e inercial, implementando soluciones efectivas, que no comprometan las finanzas públicas ni la estabilidad macroeconómica”.
Dos, aprovechar la oportunidad de sacar adelante un presupuesto Base Cero y regirse con total responsabilidad financiera, es decir cumplir las funciones esenciales y bajar gastos innecesarios y dispendios.
Tres, combatir la corrupción e impulsar la transparencia, mediante la discusión y aprobación de las leyes secundarias relativas al Sistema Nacional contra la corrupción.
Cuatro, impulsar la aprobación de un nuevo marco jurídico en torno a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, incorporando ajustes que la enriquezcan para una mejor planeación de las obras y una mayor transparencia en licitaciones.
Cinco, la Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay que impulsar la simplificación de los trámites para la constitución de empresas.
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Seis, realizar una consulta Indígena que ratifique el derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y se establezcan acciones que no afecten su seguridad jurídica en obras y proyectos.
Siete, desvinculación de los salarios mínimos y establecer una nueva unidad de medida.
Ocho, es fundamental avanzar hacia un esquema de pensiones y de salud pública viable.
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Nueve, en materia de salud, la prioridad es sustituir servicios que no funcionan, mediante mecanismos como asociaciones público-privadas, concesiones o subrogación para reducir gastos y costos laborales, generar ahorros y promover el empleo.
Diez, urge definir las reformas legislativas que contribuyan a resolver los problemas de seguridad pública. Y retomar la consolidación de los mandos únicos estatales: depuración y profesionalización de cuerpos policiales; infiltración del crimen organizado en municipios; redefinición de facultades en materia federal y estatal; impulsar un paquete de leyes para dar certeza jurídica a nuestras Fuerzas Armadas.
Once, retomar la agenda ambiental pendiente, como la discusión de la ley de aguas y la legislación en materia de protección al medio ambiente de manera que sea compatible con el crecimiento económico y la certidumbre jurídica necesaria para invertir.
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tcm
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