El enorme poder de los grupos delincuenciales no sería explicable sin un esquema de ineptitud, complicidad y corrupción. Decir que los vacíos que deja la autoridad se llenan no es suficiente; la realidad es mucho más compleja.

La colusión de policías en todos los niveles, legisladores, alcaldes, procuradores y gobernadores está ampliamente documentada en las páginas de la prensa.

La impunidad es la regla. Se vive en una especie de economía procesal: crimen-inicio de averiguación previa-archivo. Las agencias del Ministerio Público acumulan por miles los expedientes irresueltos.

La desconfianza en las instituciones y entre vecinos rompió lazos que deberían protegernos. Entidades con alto nivel de cohesión social son las que tienen las cifras más bajas de criminalidad.

La gran mayoría hemos sido víctimas de un delito o tenemos un familiar o amigo que lo fue, pero no todos lo denuncian, en la mayoría de los casos por miedo… Una sociedad desarticulada es la condición que favorece para que los grupos delincuenciales hagan de las suyas.

No obstante, durante dos años, la Secretaría de Hacienda —incluyendo el periodo bajo el mando de José Antonio Meade—, eliminó la partida de prevención del delito, una de cuyas vertientes sería atender de raíz las causas de la criminalidad.

Decir que el modelo de seguridad no funciona ya es un lugar común. Sin embargo, no se atienden las causas sociales y económicas de la violencia. Si desde el diseño del presupuesto se cancela tal posibilidad, la (ir)responsabilidad es manifiesta.

En nuestro país existe un debate sobre cuál debe ser el modelo de seguridad, y algo es claro: “dejar hacer, dejar pasar,” no es la solución para el problema de la violencia. Volver a los esquemas de prevención que atiendan las causas sociales que la generan, el fortalecimiento de los cuerpos policiacos y labores de inteligencia, así como cero corrupción y cero impunidad, son ejes fundamentales.

Porque hasta ahora, bajo un arreglo de plata o plomo, el territorio nacional es un coto de caza. Es un negocio multimillonario que debilita los cimientos de la nación, a los ciudadanos y a las instituciones.

La diversificación de las fuentes de ingreso de la delincuencia pasa por extorsiones, secuestros, cobros de piso, robo a mano armada y trata de blancas; además, invade actividades como el ambulantaje, el transporte público y el comercio.

Se insiste en fortalecer el actual modelo policiaco y se amplían facultades al Ejército, pero en zonas donde tiene amplia presencia como Chilapa o Acapulco, Guerrero, suceden asesinatos todos los días, la violencia no para, sigue en aumento.

Vivimos en un Estado de Excepción de facto, donde garantías como la libertad de tránsito, de expresión, de reunión son canceladas; en muchas regiones se vive un toque de queda. Nuestro elemental derecho a la vida y a la integridad personal pasó de las manos del Estado a manos de un delincuente.

Pero cuando el obispo Salvador Rangel, como parte de su ejercicio pastoral, realiza una mediación, que a la vez expone y llena los vacíos de poder que existen en Guerrero; es objeto de persecución, voceros del gobierno exigen que sea investigado; desde las oficinas del gobierno estatal se le ha conminado a callar; la Secretaría de Gobernación federal interviene, y en lugar de perseguir a los delincuentes, persigue al religioso.

Homo homini lupus, describe la salvaje conducta humana que convierte la vida cotidiana en un drama. Y cuando Francisco, al lobo furioso dijo: ¡Paz, hermano lobo!

Ex secretaria general del PRD

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