¿Sensatez o política populista?

Andrew Selee

En noviembre de 2018, más personas intentaron cruzar la frontera México-Estados Unidos que cualquier mes en los últimos cinco años. Queda claro que a pesar de todos los esfuerzos de la administración de EU para disminuir los cruces fronterizos, éstos van en aumento.

Donald Trump ha apostado a que su retórica dura contra los migrantes y sus medidas para separar familias y limitar el acceso al asilo político van a disuadirlos de cruzar la frontera, pero la evidencia nos sugiere que esta estrategia está fracasando rotundamente. Es el peor de los escenarios: un clima de miedo para los migrantes sin que tenga ningún efecto en la práctica en los cruces fronterizos irregulares.

También por primera vez en noviembre el número de guatemaltecos detenidos en la frontera excedió al de mexicanos, una cifra casi imposible de creer. Guatemala es un país con la décima parte de la población de México y a casi 3 mil kilómetros de distancia de la frontera México-EU. Sin embargo, el número de mexicanos intentando cruzar la frontera sin documentos sigue bajando, mientras el número de guatemaltecos y hondureños sigue subiendo. (El número de salvadoreños también está bajando.)

Si Trump ha echado tanto esfuerzo en cerrar la frontera, ¿porqué no lo puede hacer? Esto ha sido una prioridad para él y sin embargo no parece estar rindiendo frutos.

Parte de la respuesta radica en la división real de poderes que existe en EU, con un Congreso renuente a darle dinero para más agentes fronterizos y mucho menos un muro en la frontera. También los tribunales han entrado al debate, echando abajo o por lo menos deteniendo gran parte de las iniciativas que ha intentado implementar en la frontera.

Pero también es resultado de una estrategia fallida, una que ignora realidades políticas, legales y de contexto. La administración Trump ha querido cerrar los espacios para el asilo político a los centroamericanos que piden refugio de la violencia, además de separar familias y aumentar el número de menores detenidos en centros de detención.

Toda la lógica de estos esfuerzos se basa en la idea de disuadir a los migrantes por medio del garrote y del miedo. Pero todas estas medidas han encontrado resistencia en los tribunales por contravenir las leyes existentes. Es posible que en algún momento la Suprema Corte entre al debate y decida a favor de la administración, pero mientras tanto sus medidas duras están amparadas en los tribunales y no tienen ningún efecto en disuadir la migración.

También quisieron negociar un “Acuerdo de País Tercero” con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que requeriría que los migrantes centroamericano pidan asilo dentro de México, y luego un acuerdo de “Quédate en México” con la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, para que los centroamericanos tengan que esperar en México mientras se procesa su asilo en Estados Unidos, quizás meses, quizás años. Ambos intentos ignoraron que el público mexicano vería cualquier acuerdo de esa naturaleza como una capitulación total del gobierno mexicano ante Trump y como una forma de que su administración le cargue sus problemas a México en vez de arreglarlos él.

Hay otra forma de hacer las cosas, que sería mucho más efectiva y al mismo tiempo mucho más justa — y completamente legal—. La administración podría intentar no limitar el proceso de asilo, sino agilizarlo, para que las decisiones se den dentro de unos meses y no dos o tres o cuatro años, como sucede ahora. Tendría el efecto de dar asilo a los que están huyendo de la violencia de una forma mucho más rápida, como merece ser, al mismo tiempo que los que no califican serían deportados mucho más rápido. Mi colega Doris Meissner, ex comisionada del sistema migratorio en Estados Unidos, ha propuesto una forma de hacer esto que es completamente legal y relativamente fácil de implementar.

También se podría trabajar de cerca con el gobierno mexicano para robustecer el sistema de asilo mexicano, un programa de trabajadores temporales y un control fronterizo más moderno y respetuoso de los derechos humanos (la seguridad y los derechos humanos se complementan, no se contraponen, en este caso).

Pero todo esto requiere aceptar que en principio hay muchos centroamericanos que merecen el asilo político, que hay que crear canales legales para ellos, además de controlar las fronteras, algo que la administración Trump no ha querido hacer hasta ahora. Le reditúan a Trump políticamente las medidas duras con su base electoral, aun si no tienen efecto alguno en los flujos migrantes.

Algo parecido hemos visto en el control migratorio interno. La administración Trump ha terminado el programa DACA que protegía a los jóvenes soñadores y la protección temporal a los hondureños y salvadoreños que habían estado legalmente por décadas en el país, medidas que también siguen amparadas en los tribunales y han quedado, hasta ahora, sin efecto.

Ahora que el Congreso estadounidense queda dividido entre demócratas y republicanos a partir de enero, queda por verse si habrá intentos de negociar medidas más sensatas —y consensuadas— para hacer frente a los flujos migratorios y al tema de los soñadores (mayormente mexicanos) y los centroamericanos ya viviendo en el país. Todos son temas en los que hay acuerdos posibles que podrían ser más justos para los migrantes y más efectivos como control migratorio.

Pero todo depende de si Trump quiere una política migratoria sensata o sólo un tema político que es popular con su base electoral. Eso queda de verse.

 

Presidente del Instituto
de Políticas Migratorias

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