Con 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, los legisladores aprobaron una reforma al Código penal del estado para establecer una pena de hasta 20 años de cárcel para quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas y privadas; sólo se le hizo una modificación al artículo 308 bis del citado dictamen

Marcos Rosendo Medina, secretario de gobierno, defendió la propuesta del gobernador Adán Augusto López afirmando que no se trata de una “Ley antimarchas”, sino de una reforma anti extorsionadores que busca frenar a quienes presuntamente amparándose en la lucha social extorsionan a las empresas y los particulares