La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), , presentó una denuncia penal en contra de José Rafael Martínez Puón, también integrante del CPC. Lo acusa de copiar el trabajo académico de una profesora.

En entrevista, Pérez Morales expuso que desde el ingreso de Martínez Puón al CPC se le han hecho diversos señalamientos de plagio, pero ninguno lo había podido comprobar hasta que recibió esta denuncia.

“Al ver que el documento que presenta es una copia fiel en un 95%, un porcentaje muy alto, a mí no queda de otra más que llevarlo ante una autoridad y pedir que lo investigue”, relató.

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“Hago esta denuncia en mi calidad de presidenta del CPC, toda vez que esto se presentó en una sesión que yo presidí, y el trabajo está publicado como si fuera del CPC”.

En la querella presentada, Pérez Morales solicitó que se realice un peritaje en materia de derechos de autor y que se analicen los presuntos delitos de reproducción no autorizada y atribución indebida de autoría.

El documento titulado “Estudio sobre las áreas y puestos de la administración pública federal con mayor riesgo de corrupción y propuestas para su prevención” fue presentado por Martínez Puón en abril de 2025, durante la cuarta sesión ordinaria del CPC, como parte de su trabajo en el comité.

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En la denuncia interpuesta el pasado 22 de enero se narra que la presidenta del CPC recibió de manera anónima un diagnóstico académico previamente elaborado por otra persona, el cual presenta “formas de expresión, redacción, estructura argumentativa, secuencia lógica y desarrollo conceptual” similares al trabajo de Martínez Puón.

El texto presuntamente plagiado se titula “Diagnóstico y detección de áreas de oportunidad y mejora, al interior de las dependencias de la APF, basado en puestos clave con mayor incidencia o vulnerabilidad a actos de corrupción y propuestas para su prevención”.

El nombre de la autora aparece en la denuncia, pero se solicitó el anonimato por temor a represalias.

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“Las coincidencias comprenden párrafos completos o sustancialmente equivalentes, secuencias argumentativas coincidentes, desarrollo de ideas y razonamientos en orden idéntico o análogo y conclusiones o inferencias sustancialmente similares”, se expone en la querella.

En la misma denuncia, la presidenta del CPC acusa que su compañero ejerce dos empleos presuntamente incompatibles, como director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental (ENAPROG) del Instituto Nacional de Administración Pública, además de integrante del CPC.

‘No hay ningún plagio’

Entrevistado al respecto, Martínez Puón rechazó los señalamientos y defendió que su diagnóstico está sustentado en trabajo de campo y en las conclusiones de un grupo de estudio en el que participaron 30 personas. Sostuvo que cuenta con una trayectoria como investigador del Sistema Nacional de Investigadores, así como con la autoría de 11 libros y más de 60 artículos publicados.

“Yo soy un investigador serio. Esta es una investigación de campo, no es una investigación documental. Se hicieron seis grupos de enfoque con 30 personas y el documento se hizo con base en las opiniones de ellos”, explicó vía telefónica.

Martínez Puón aseguró que desconocía la denuncia y la existencia del documento presuntamente copiado. Afirmó que una vez que se enteró de la acusación sometió su texto a un software para detectar plagios, el cual arrojó un resultado de 81% de originalidad.

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“Ahí lo que se señala con claridad es que no hay ningún plagio de otro documento. A menos de que alguien, de manera muy mañosa, haya creado una cosa similar para tratar de engañar. Ni siquiera hago referencia al trabajo que usted me dice porque ni siquiera lo conozco, esa es la realidad”, defendió.

Respecto a la incompatibilidad de empleos, Martínez Puón mostró dos expedientes resueltos por los Órganos Internos de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Secretaría de Gobernación en los que se determinó que no incurrió en ninguna falta administrativa al desempeñar dos cargos. Ambos expedientes se encuentran archivados y concluidos.

“La relación con la presidenta () ha sido muy mala todo el año. Además de descalificarnos de manera permanente”, afirmó.

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