La justicia también llega tarde

Gerardo y Ulises llevan años privados de la libertad en el Estado de México. Los dos sostienen que son inocentes y hoy esperan que se resuelva el amparo directo con el que buscan demostrarlo.

Su asunto está en el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl. Los propios magistrados nos explicaron que existe un rezago de aproximadamente dos años para resolver.

Dos años.

Para un tribunal pueden ser expedientes pendientes. Para una persona privada de la libertad pueden ser dos años más en prisión. Para una víctima, dos años más esperando justicia.

El caso de Gerardo y Ulises tiene además una paradoja brutal. Por el tiempo que llevan privados de la libertad podrían buscar un beneficio de preliberación. Sin embargo, la ley no permite que promuevan dicho beneficio mientras esté en curso el amparo con el que están peleando por su inocencia.

Es decir: podrían tener una vía para buscar salir antes, pero hacerlo hoy no es compatible con el proceso mediante el cual están buscando que la justicia diga algo completamente distinto: que son inocentes.

Y mientras esperan, siguen presos.

Su caso pone nombre y apellido a un problema muchísimo más grande.

La persona privada de la libertad espera.

La víctima espera.

La mamá que quiere saber qué pasó con su hija, espera.

La familia de alguien acusado que sostiene que es inocente, espera.

Una audiencia se difiere. Una sentencia se impugna. Llega la apelación. Después el amparo. Cambia el fiscal, cambia el defensor, cambia el juzgador. Y mientras jurídicamente “el expediente sigue su curso”, la vida de las personas queda suspendida.

El Estado de México tiene uno de los sistemas de justicia más cargados del país. Al cierre de 2024 tenía más de 58 mil procedimientos penales pendientes de concluir, de acuerdo con datos del INEGI.

58 mil procedimientos.

Pero detrás de esos números hay víctimas, acusados y familias esperando una respuesta.

Y sería demasiado fácil reducir el problema a decir que los jueces no trabajan o que los magistrados no resuelven.

El problema es mucho más profundo.

El propio Poder Judicial del Estado de México ha reconocido problemas en la distribución de sus cargas de trabajo. En un diagnóstico sobre juzgados mixtos encontró 54 en los que una sola persona juzgadora atendía dos y hasta tres materias distintas. Algunos llegaron a recibir miles de asuntos en un solo año.

¿Cómo esperamos justicia rápida y de calidad cuando el sistema pone miles de expedientes frente a una misma estructura?

Y el problema no termina en la justicia local. El tribunal federal donde se encuentra el amparo de Gerardo y Ulises ha tenido más de dos mil asuntos en existencia y ha necesitado apoyo de órganos auxiliares para resolver expedientes.

Los magistrados cuentan expedientes. Quienes esperan cuentan días.

México Evalúa documentó también retrasos en el inicio de audiencias penales en el Estado de México, diferimientos y rotación de fiscales, defensores y asesores jurídicos.

Para el sistema, una audiencia diferida puede ser una nueva fecha en el calendario.

Para una víctima significa volver a su casa sin una respuesta.

Para alguien que está preso significa otra noche en una celda.

Para una familia significa seguir esperando.

Y a este sistema, que ya estaba saturado, llegó una reforma judicial que implicó cambios de juzgadores, estructuras y formas de operación. Sería simplista responsabilizar a la reforma de un problema que existe desde antes. Pero también sería irresponsable pensar que una transformación de esa dimensión no pone todavía más presión sobre un sistema que ya trabajaba al límite.

La pregunta es qué vamos a hacer para resolverlo.

Porque podemos reformar leyes, cambiar jueces, modificar estructuras y crear nuevas instituciones. Pero si una persona tiene que esperar años para que alguien resuelva su expediente, seguimos teniendo un problema de acceso a la justicia.

Y esto no es una discusión sobre defender a personas privadas de la libertad frente a las víctimas. Esa división nos ha hecho muchísimo daño.

La justicia tardía lastima a los dos lados.

Lastima a quien está preso y sostiene que es inocente. Lastima a la víctima que lleva años esperando una sentencia. Lastima a las familias de ambos. Y termina también desgastando a quienes trabajan dentro de un sistema al que todos los días le pedimos que resuelva más de lo que tiene capacidad de resolver.

Gerardo y Ulises hoy esperan un amparo.

En algún otro expediente, una madre espera una sentencia.

En otro, una víctima espera una reparación.

Y en otro, alguien espera saber si finalmente podrá regresar a su casa.

Podemos seguir llamándolos expedientes pendientes, asuntos en trámite o rezago judicial.

Pero son años de la vida de alguien.

Y ningún sistema de justicia debería acostumbrarse a que esperar años sea normal.

Presidenta de Reinserta

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