Mauricio Farah | 02-09-26 | 02:20 |

En el debate sobre si debe o no restringirse el uso de teléfonos celulares y redes sociales de parte de niñas, niños y adolescentes en las aulas de educación básica y media, tanto en México como en el mundo la tendencia va a la par. En nuestro país, la mitad de las entidades federativas han establecido algún tipo de regulación al acceso de celulares en escuelas y, de acuerdo con la UNESCO, 114 sistemas educativos, 58 por ciento de los países, cuentan con alguna restricción nacional.

Con el fin de dimensionar la importancia de esta decisión, es oportuno tener presente que las personas nacidas después de 2004 solo conocen un mundo con redes.

Para ellos internet es ingrediente habitual de la vida: en México, 85 de cada 100 niños y adolescentes de entre 6 y 14 años navegan en el ciberespacio, tal como lo hacen 97 de cada 100 jóvenes de entre 15 y 24 años.

Por otra parte, de los 105 millones de personas mayores de seis años que usan internet en el país, 97.3 por ciento se conecta mediante un teléfono inteligente, además de hacerlo también por otros dispositivos (ENDUTIH, Inegi, 2025).

Como en muchos países en el mundo, en el nuestro hay más líneas celulares activas que seres humanos: 144 millones de líneas por 133 millones de personas.

Es en esta realidad de digitalización avasallante en la que hay que reflexionar acerca de la regulación del uso de celulares y redes por parte de niños y adolescentes. Se trata de salvaguardarlos de usos riesgosos o inhabilitantes, no de sustraerlos forzosamente del mundo en el que viven y vivirán.

Desde que hace 18 meses el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, anunció la entrada en vigor de las primeras restricciones estatales en el acceso y uso de celulares en las escuelas, otras 15 entidades han optado por la misma vía. La decisión busca mejores resultados en el aprendizaje, evitando, esencialmente, distracciones que obstaculizan la atención en los procesos formativos.

Desde luego, ni en al ámbito mundial ni en el nacional las políticas puestas en práctica son homogéneas, pero en general sí son convergentes: todas procuran que el tiempo de aula se beneficie de la reducción de distractores del momento, los que a largo plazo pueden incidir negativamente en la capacidad de concentración.

Con el objetivo central de mejorar los resultados académicos, y considerando el abanico de acciones establecidas dentro y fuera de México, es recomendable apoyar la restricción del uso de celulares y de otros dispositivos, como relojes inteligentes, audífonos y videojuegos, para crear espacios escolares libres de distracciones digitales, lo que incluye teléfono apagado o guardado durante la jornada escolar, salvaguardando situaciones de emergencia y de salud, así como el uso pedagógico y la educación digital para el aprovechamiento de tecnologías.

Más allá de las aulas, siempre será oportuno subrayar que, respecto de la comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes en el ciberespacio, es indispensable fortalecer las políticas públicas para protegerlos de ciberacoso, ciberbullying, grooming, sexting, sextorsión y, más aún, secuestro, trata de personas o reclutamiento criminal, lo que las familias deben reforzar procurando sus propias medidas de protección de sus menores de edad.

Especialista en derechos humanos @mfarahg

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