Lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc

La carta de Andy además de chafa, es de vergüenza

Las repúblicas subsisten porque los gobernantes solo pueden hacer lo que la ley les indica. Las repúblicas dejan de serlo cuando los gobernantes hacen lo que quieren. La presidenta Sheinbaum, fiel a su repudio a lo español, ha propuesto que el Paso de Cortés se llame Paso de los Pueblos Indígenas. La idea no es nueva: AMLO presidente había propuesto, infructuosamente, cambiarle el nombre al Mar de Cortés. Igual se les ocurre ahora retirar el nombre Cortés a alrededor de 351,519 mexicanos que así se apellidan (según Forebears). Hay nombres que son simplemente nombres. Hay otros que son pedazos de historia.

El Paso de Cortés pertenece a estos últimos. Sheinbaum cree que su propuesta reivindica a los indígenas y modifica la idea de la Conquista. Tema discutible, si bautizando lugares se reivindica a comunidades históricamente marginadas. ¿Tendrá la presidenta facultades para cambiar un nombre geográfico? Hay un antecedente en EU.

Míster Trump ordenó cambiar “Gulf of Mexico” por “Gulf of America”. Lo hizo mediante una orden ejecutiva, denominada “Restoring Names That Honor American Greatness”. Míster Trump pudo hacerlo —al menos respecto del uso oficial— porque existe una estructura administrativa específica para la estandarización de nombres geográficos. Eso no significa que pueda cambiar nombres internacionalmente reconocidos. México, organizaciones internacionales y medios de comunicación siguen utilizando “Golfo de México”.

El artículo 89 de la Constitución establece que el Presidente puede promulgar y ejecutar las leyes y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia. No dice que el Presidente pueda cambiar los nombres de lugares de la República. La Presidenta no puede hacer lo que la Constitución no le prohíba. Al revés: solamente puede ejercer las atribuciones que le han conferido la Constitución y las leyes. No se trata de que a la Presidenta le guste más “Paso de los Pueblos Indígenas”. La pregunta es otra: ¿tiene competencia para modificar oficialmente el nombre?

Se ha difundido que los gobiernos de Puebla, Estado de México y Morelos (gobernados por Morena) podrían participar en el cambio. Trump quiso borrar “México” del nombre del Golfo. Sheinbaum quiere borrar a Cortés del Paso. Las dos propuestas tienen una carga simbólica: los nombres geográficos se convierten en instrumentos de política y de memoria histórica, se transforman en mensaje político.

Cortés puede desaparecer de la imaginación oficial, pero no de la historia, como tampoco desaparecerán Moctezuma, Tenochtitlan, la Conquista ni los pueblos que habitaban esas tierras antes de 1519. La discusión no debe plantearse entre quienes “veneran” a Cortés y quienes lo odian. El problema constitucional es más sencillo, pero más profundo. No se trata de saber quién tiene razón sobre Cortés. Se trata de saber quién tiene competencia para cambiar un nombre. Si la respuesta es que corresponde a determinadas autoridades administrativas o locales, deberá seguirse el procedimiento legal. Si se requiere un acto legislativo, habrá que acudir al legislador. Si basta una decisión administrativa, deberá señalarse con precisión cuál es la norma que la autoriza.

La reivindicación de los pueblos indígenas es algo legítimo, pero no sustituye la competencia jurídica para realizarlo. Un Presidente puede tener el poder para ordenar que sus funcionarios utilicen un nombre. Pero no puede cambiar la geografía del mundo con su firma. Sheinbaum puede cambiar documentos, mapas y señales; lo que no puede es cambiar la esencia y trayectoria de la historia de un país. Además, quiero recordar que lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc.

Profesor de Historia Constitucional de México, UNAM

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