Javier Martín Reyes | 20-08-26 | 02:08 |

La magistrada Mónica Soto presentó ante el Senado una carta de renuncia al Tribunal Electoral (TEPJF). Es sorpresiva por donde se la mire. Soto fue, ante todo, integrante del bloque de la Sala Superior que siempre fue cómodo al poder. Lo fue para el PRI y el PAN entre 2016 y la elección de 2018 y, tras el tsunami morenista, Soto y otros dieron un giro de ciento ochenta grados. De ahí la sorpresa. Su mandato, como el de sus colegas, había sido prorrogado hasta 2028 precisamente por tratarse de un tribunal rendido al oficialismo.

El intento de renuncia, además, genera dudas. Soto dice haber tomado la decisión de “concluir un ciclo”, pero los tiempos no cuadran. Fue designada originalmente para un periodo de nueve años que, como ella misma reconoce en su carta, terminó el 31 de octubre de 2025. Pudo entonces cerrar ese ciclo, como lo hizo con enorme dignidad y congruencia Janine Otálora, y no aceptar las prórrogas ilegítimas de las que se beneficiaron otros integrantes. No lo hizo. Aceptó quedarse y ahora, en la antesala del proceso electoral de 2026-2027, presenta su carta de renuncia, dos años antes de que concluya la prórroga de su mandato. En Carlota Armero, por lo visto, los ciclos se cierran cuando conviene.

Pero en este mar de dudas, queda claro que su intento de renuncia es abiertamente inconstitucional. El artículo 98 de la Constitución señala que “[l]as renuncias de [...] Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral, solamente procederán por causas graves”. La carta de Soto viola flagrantemente ese mandato. No señala una sola causa; mucho menos una causa grave.

Soto se suma así a la cada vez más larga lista de juzgadores que se pasan el artículo 98 por el arco del triunfo y vulneran, con ello, una de las garantías más elementales de la independencia judicial. Y es que, si la Constitución exige una causa grave, no es por capricho, sino para blindar a los juzgadores frente a las presiones del poder. Para que ningún juzgador se vaya empujado por la amenaza, como Eduardo Medina Mora, quien renunció bajo acusaciones penales que se disolvieron apenas dejó el cargo. Y para que ninguno se vaya atraído por el premio, como Arturo Zaldívar, que regaló a López Obrador la designación de su relevo y recibió, a su debido tiempo, una recompensa en forma de hueso.

La otra duda es cuál sería el futuro de Soto si su renuncia se acepta. En estas mismas páginas de El Universal, Mario Maldonado consignó que, según sus fuentes, la magistrada se incorporaría “”.

Ojalá que no sea así. Porque si lo fuera, no estaríamos ante un caso más de renuncias inconstitucionales, sino ante la comisión de un burdo delito. Y es que el artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona con toda claridad a “quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, [...] desempeñen o sean designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o participado, [...] dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo”.

Si aceptara un consulado, Soto incurriría en ese delito. Porque resulta que la Constitución reserva al Ejecutivo el nombramiento de los cónsules (con la ratificación del Senado, es decir, de un órgano legislativo). Y porque resalta que Soto participó en la calificación de la elección presidencial en la que triunfó Claudia Sheinbaum, así como en la resolución de las impugnaciones relativas a la validez de la elección de ese mismo Senado.

El intento de renuncia de Mónica Soto ya atropelló la Constitución y la independencia judicial. Ojalá no termine atropellando, además, la ley penal.

Javier Martín Reyes. Investigador en el IIJ-UNAM y en el Instituto Baker. X: .