Mónica Soto renunció al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) después de quedar aislada dentro de la Sala Superior y romper con Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, sus aliados durante buena parte de los últimos años y quienes fueron determinantes para llevarla a la presidencia del organismo. Su salida, anunciada este lunes en una conferencia transmitida en vivo, se hará efectiva el próximo 31 de agosto y dejará al máximo tribunal electoral con sólo cinco magistrados.
Pero Soto no se retiraría de la vida pública. Una fuente con conocimiento de las conversaciones asegura que tiene encaminada su incorporación al servicio exterior mexicano y que su destino sería un consulado. El nombramiento todavía no ha sido anunciado oficialmente, pero forma parte de las negociaciones que rodearon su salida del TEPJF.
La renuncia se dio después de meses de aislamiento y de una disputa por el control político y administrativo del Tribunal. Cuando Soto dejó la presidencia, en octubre pasado, perdió también buena parte de la estructura que había construido junto con De la Mata y Fuentes. Se replegó a las oficinas del TEPJF y comenzó a participar a distancia en diversas actividades y sesiones. Para entonces, la alianza con “Los Felipes” estaba prácticamente rota.
Hace unos días escribí en este espacio sobre la relación de Soto con Jorge Enrique Mata Gómez, quien fue coordinador general de su oficina cuando presidió la Sala Superior y actualmente es magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Señalé que dentro del TEPJF se hablaba de una operación para mantener y ampliar los espacios políticos del grupo que acompañó a la magistrada durante su presidencia, con la posibilidad de construir más adelante una candidatura de Mata para llegar a la Sala Superior.
Ese proyecto sigue vigente. La elección pendiente de las magistraturas del Tribunal Electoral será en 2028 y, según las versiones que circulan dentro del organismo, Jorge Mata es una de las cartas que se preparan para competir entonces.
Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera fueron durante años los principales aliados de Soto. Los tres integraron el bloque que en diciembre de 2023 presionó la salida de Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia y posteriormente colocó a Soto al frente del organismo. Aquella alianza fue determinante durante el proceso electoral de 2024 y se mantuvo en votaciones relevantes posteriores.
No obstante, la relación comenzó a deteriorarse cuando Soto dejó la presidencia. El distanciamiento terminó por romper el bloque que durante años había controlado buena parte de las decisiones políticas y administrativas del organismo. La disputa no se limita a las sentencias. En el TEPJF las direcciones generales, las áreas administrativas, los nombramientos y el control de la estructura son una parte fundamental del poder. Y es precisamente ahí donde “Los Felipes” llegan fortalecidos a la nueva etapa.
Con la renuncia de Soto, la Sala Superior se quedará con cinco magistrados. Gilberto Bátiz, quien ocupa la presidencia y tiene todavía alrededor de un año al frente del organismo; Claudia Valle, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Las dos vacantes tendrán que esperar la elección judicial correspondiente.
Eso no significa que De la Mata y Fuentes controlen automáticamente los votos del pleno. Son dos de cinco. Pero sí llegan a esta nueva configuración como la dupla más cohesionada y, sobre todo, con posiciones importantes dentro de la estructura administrativa del Tribunal. Las direcciones serán ahora una de las principales batallas internas.
El siguiente objetivo de “Los Felipes”, aseguran fuentes del Tribunal, es Reyes Rodríguez Mondragón. La historia entre ellos tiene antecedentes. De la Mata y Fuentes fueron parte de la operación que terminó con la presidencia de Reyes en diciembre de 2023 y que permitió el ascenso de Soto. Ahora, sin ella, la confrontación vuelve a colocar a Rodríguez Mondragón frente a la dupla que contribuyó a desplazarlo hace casi tres años.
Gilberto Bátiz será una pieza fundamental. Mientras conserve la presidencia tendrá instrumentos administrativos y políticos suficientes para evitar que una sola dupla se apropie de la conducción del organismo. Claudia Valle completa una integración en la que las mayorías tendrán que construirse prácticamente expediente por expediente. Por eso hablar de un control absoluto de “Los Felipes” sería anticipado. Lo que sí tienen es una estructura, una alianza probada y posiciones desde las cuales pueden negociar.
Todo ocurre además cuando el Tribunal comienza a prepararse para 2027. La elección intermedia pondrá nuevamente al TEPJF en el centro de las disputas partidistas y será la última gran elección federal antes de que en 2028 se renueven mediante voto popular las magistraturas pendientes. Lo que se está disputando ahora dentro del organismo no es únicamente quién manda durante los próximos meses, sino quién llegará mejor colocado a esas dos elecciones.
Posdata 1
Una denuncia presentada ante las autoridades financieras y de procuración de justicia puso bajo escrutinio la actuación de Francisco Javier Mondragón Alarcón durante la crisis de Interjet. Más allá de su faceta pública como abogado y defensor de Miguel Alemán Magnani frente a los reclamos del SAT, documentación incorporada al expediente señala que el litigante habría desempeñado también un papel relevante en vehículos de arrendamiento aéreo constituidos en Irlanda y en sociedades con presencia en jurisdicciones de baja tributación.
La denuncia sostiene que Mondragón habría aprovechado la relación de confianza con sus representados para intervenir en estructuras contractuales y operaciones financieras que terminaron por comprometer las finanzas de la aerolínea. Entre las operaciones señaladas aparece la adquisición y arrendamiento de la flota de 22 aviones rusos Sukhoi Superjet 100, una decisión que terminó convirtiéndose en uno de los mayores problemas financieros y operativos de Interjet y en cuya estructuración, según la información entregada a las autoridades, el abogado habría tenido participación.
El expediente fue puesto en conocimiento de la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, y de la UIF, a cargo de Omar Reyes. Entre los señalamientos que deberán esclarecer las autoridades está el destino de los recursos relacionados con esas operaciones y la presunta utilización de sociedades y vehículos en el extranjero para realizar cobros y transferencias que, de acuerdo con los denunciantes, habrían beneficiado a Mondragón. Todo esto ocurrió mientras Interjet acumulaba pasivos fiscales y financieros que finalmente alcanzaron también a sus accionistas.
Posdata 2
La investigación de la Fiscalía del Estado de México sobre una red de extorsión en los verificentros mexiquenses comienza a tocar una fibra política mucho más delicada: la del Partido Verde y, particularmente, la de Jorge Emilio González, el Niño Verde. Como documenté el viernes, uno de los dos detenidos es Raúl Piña Horta, personaje históricamente ligado al PVEM y muy cercano a González. Piña fue su secretario particular, diputado federal e integrante de órganos del partido. Fuentes que conocen a ambos desde hace años aseguran que incluso compartieron domicilio y mantienen una amistad íntima.
El expediente de la Fiscalía mexiquense sostiene que el entramado operaba al menos desde diciembre de 2023 y que involucraba a servidores públicos en activo, exfuncionarios y particulares. Los concesionarios de verificentros habrían sido obligados a pagar cuotas mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos, además de cobros por cada línea de verificación. En marzo pasado, Piña habría enviado un mensaje en el que exigía 500 mil pesos por cada línea para obtener las revalidaciones de funcionamiento autorizadas desde 2024. La Fiscalía calcula que solamente por este esquema la red pretendía obtener más de 430 millones de pesos, adicionales a las cuotas mensuales y otros trámites.
El antecedente que vuelve más delicada la detención de Piña es que empresarios del sector ya habían señalado que las exigencias económicas se presentaban como instrucciones provenientes del entorno de Jorge Emilio González. Como publicamos previamente, las denuncias apuntaban a cobros sobre unos 145 verificentros y a una posible recaudación cercana a 435 millones de pesos vinculada con los permisos de 2027. Hasta ahora no existe una determinación judicial que establezca que González participó o recibió recursos de esta operación, pero una de las líneas que quedó abierta desde entonces es si parte del dinero estaba destinado a financiar estructuras o actividades políticas relacionadas con el Verde.
La presión, según la Fiscalía, no terminaba en los concesionarios. Para cubrir las cuotas, algunos verificentros trasladaron el costo a los automovilistas mediante los llamados “pagos por brincos”; es decir, cantidades de entre 300 y 1,000 pesos para evitar multas cuando un vehículo no pasaba las pruebas o verificaba fuera de tiempo. A ello se sumaban cierres remotos, retrasos en hologramas y obstáculos para renovar concesiones como mecanismos de presión contra quienes se resistían a pagar.
Posdata 3
Sobre este mismo tema, en medio de las versiones que han circulado alrededor del caso, fuentes consultadas aseguran que Horacio Duarte, secretario general de Gobierno del Estado de México, no tuvo relación alguna con Piña Horta ni tampoco existen vínculos que lo relacionen con Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas y fundador de Morena en Quintana Roo, como se publicó en la columna del viernes.
Posdata 4
Los desplazamientos forzados provocados por la violencia en la Montaña de Guerrero comenzaron a registrar una reversión. 264 de las 316 familias que abandonaron sus comunidades ya regresaron a sus lugares de origen, mientras otras 52 permanecen pendientes de retornar. El dato fue presentado como parte de los avances del Plan Maestro para la Montaña Baja y Alta de Guerrero, instrumentado conjuntamente por los gobiernos federal y estatal.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado informaron que la estrategia comprende 19 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez, Atlixtac, Olinalá y Zapotitlán Tablas, donde viven más de 16 mil personas. La intervención no se ha limitado al operativo de seguridad; también incluye acciones sociales y de atención a las causas de la violencia con el objetivo de generar condiciones para que las familias desplazadas puedan regresar y permanecer en sus comunidades.
El componente de seguridad, sin embargo, es central. En las 19 localidades se mantiene presencia permanente de las autoridades y se han realizado más de 256 acciones de vigilancia y proximidad social. Además, fueron instaladas nueve bases de operación interinstitucionales para mantener el despliegue y evitar que el retorno de las familias termine en un nuevo desplazamiento.
El resultado más importante será precisamente la permanencia. Guerrero arrastra desde hace años desplazamientos internos en zonas donde la disputa criminal ha obligado a comunidades enteras a abandonar viviendas y actividades productivas. Que más de 80% de las familias contempladas en este operativo hayan regresado representa un avance; el reto será garantizar que las 52 familias restantes puedan volver y, sobre todo, que las 264 que ya lo hicieron no tengan que salir nuevamente.
@MarioMal
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