Observar las elecciones

La observación electoral fue introducida como un derecho de las y los ciudadanos mexicanos con la reforma electoral de 1993. En un principio sólo se aceptó la observación del desarrollo exclusivamente de la jornada electoral y de manera individual. Unos meses después, en pleno proceso electoral de 1994, una modificación legal aceptaría que esa función pudiera ser realizada de manera colectiva por organizaciones de ciudadanos y también se autorizó la observación internacional bajo la figura de los “visitantes extranjeros”, siguiendo las buenas prácticas que acompañaron a los procesos de transición a la democracia que se multiplicaron en esa época. Además, se permitió que todas las etapas del proceso electoral, desde su inicio y hasta su conclusión con las declaraciones de validez pudieran ser observadas.

​Desde sus orígenes, esta figura cumplió una función muy importante como mecanismo de vigilancia del trabajo de las autoridades electorales, sometiéndolas a un contexto de exigencia adicional al de la supervisión que realizaban los representantes de los partidos políticos acreditados ante los órganos del IFE (más tarde del INE). La virtud de la observación electoral era que, a diferencia de la revisión realizada por los partidos, no debía tener ningún sesgo político. Se trató de una figura para que la ciudadanía no sólo pudiera participar directamente en la organización de la elección (integrándose como consejeros electorales en los Consejos locales o distritales de la autoridad electoral, o bien ocupando el rol de funcionarios de casilla en caso de haber sido sorteados y capacitados para tal efecto), sino también en su vigilancia.

​La observación electoral fue, así, un mecanismo más para garantizar la certeza y garantizar la confianza en torno a los comicios. Desde el primer momento hubo organizaciones ciudadanas muy relevantes que se acreditaron para realizar esa función, como fue el caso de Alianza Cívica o de Coparmex (esta última, de hecho, ha realizando tareas de observación de manera ininterrumpida en todas las elecciones federales desde 1994).

​En los tiempos que corren, en los que sobra evidencia de que tanto el INE como el Tribunal Electoral han perdido desde hace algunos años el baricentro de imparcialidad que debería guiar sus actuaciones y, sin recato alguno, sistemáticamente han venido tomando decisiones en consonancia con los intereses del oficialismo, la observación electoral adquiere de nueva cuenta una relevancia fundamental.

​En efecto, dada la renuncia que desde 2024 hicieron las autoridades electorales de su deber de garantizar las condiciones de equidad en la contienda, expresada, entre otras, por su pasividad e inactividad frente a la intervención inconstitucional del gobierno —en particular de la Presidencia de la República— en favor de su partido durante las elecciones, la condescendencia con la que han permitido las campañas anticipadas, la validación de graves irregularidades que volvieron nulas las condiciones básicas de integridad electoral en las elecciones judiciales y, más recientemente, el preocupante desorden y precaria gobernabilidad que cunde en los vértices de dirección del INE (rematada con la renuncia ayer, a unas horas del inicio del proceso electoral, de la secretaria ejecutiva, que es quien encabeza toda la operación electoral), una observación copiosa y exigente, que siempre había sido relevante, ahora se vuelve indispensable como salvaguarda última de la democraticidad del proceso.

​A falta de autoridades electorales confiables, no queda más que la vigilancia ciudadana del proceso electoral escrutando la actuación del INE y del Tribunal, documentando las eventuales irregularidades, evidenciando los sesgos y omisiones de quienes deberían ser los garantes de la legalidad y denunciando públicamente por los medios legales a su alcance y a través de sus informes todas las irregularidades que identifiquen.

Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav

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