Lourdes Morales Canales | 10-09-26 | 04:55 |

Hace unos días, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia presentó al grupo parlamentario de Morena, una serie de reformas que marcarán la discusión pública y la agenda legislativa en el Congreso. Entre las prioridades, se anunció un ambicioso paquete en materia de combate a la corrupción que incluye modificaciones a 19 leyes, además de dos nuevas disposiciones. El tema no es menor. La alta popularidad de la presidenta de la República contrasta con la mala calificación sobre los resultados del gobierno en el combate a la corrupción. Las mediciones sobre el fenómeno refuerzan esta percepción: la corrupción no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado.

En la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2026) de INEGI, que mide la relación entre ciudadanos y gobiernos al momento de hacer trámites, 84% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción y seis de cada diez mexicanos fueron víctimas de corrupción o extorsión policial. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 realizado por Transparencia Internacional, México obtuvo su peor calificación en 12 años con 26 puntos de 100 posibles. En el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país mostró un deterioro importante en la medición ubicándose en los últimos veinte lugares del mundo. En control de la corrupción, México está entre los últimos cuatro lugares de América Latina.

En su libro “El dilema de la corrupción: reforma para una justicia social”, los académicos Michael Johnston y John Fritzen, ambos con una larga trayectoria de estudios en el tema, señalan cómo la trampa de las soluciones simplistas (“balas de plata”), la burocratización de la industria anticorrupción o los enfoques exclusivamente punitivos suman a la historia de los fracasos en el combate a la corrupción. Sin contención al abuso de poder y sin participación ciudadana, no hay política ni reforma anticorrupción que funcione.

En los últimos ocho años se han aprobado lo que podría llamarse una “segunda oleada” de reformas bajo el argumento de atajar la impunidad y activar los mecanismos anticorrupción. Las enumero: la Ley Federal de Austeridad republicana que topó los salarios de los funcionarios federales y adelgazó el aparato burocrático; la reforma constitucional en materia de extinción de dominio —junto con la acción de inconstitucionalidad que acompañó la emisión de su ley federal—; el aumento de las causales para la prisión preventiva automática por delitos de corrupción; la reforma a la ley del fuero presidencial; la reforma en materia de simplificación administrativa; la reforma en materia de seguridad que amplió las facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la reforma contra el nepotismo y reelección consecutiva y la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera a bloquear cuentas bancarias sin orden de un juez.

Todos estos cambios concentran facultades y refuerzan el enfoque punitivo e individual del que alertan Johnston y Fritzen. En contraste, ninguno de ellos mejora las capacidades de investigación, de información y de vigilancia social que el país necesita. El día de hoy inicia un nuevo y complejo año electoral. Que las reformas que vienen no sean más castigos sin garantías.

Coordinadora del Programa de Ciudadanía en México Evalúa

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