Gobernar sin matar el agua que nos sostiene

¿Puede un Estado gobernar sin destruir la vida que lo hace posible? En México la pregunta ya no es abstracta: se responde cada día en los cauces de los ríos, en los acuíferos que se hunden y en los mares que reciben, al final, lo que no quisimos cuidar. Durante siglos el Estado se concibió como administrador de un territorio inerte. La tierra se volvió propiedad, la naturaleza recurso, el agua una variable secundaria del crecimiento. Hoy enfrentamos las consecuencias. De los 653 acuíferos del país, 114 están sobreexplotados y casi la mitad opera en déficit. El norte —Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa— registra los peores desequilibrios. Mientras tanto, casi el 100% de los ríos, lagos y lagunas presentan algún tipo de contaminación y más de la mitad contaminación severa. El Lerma-Santiago, el Atoyac y el Tula encabezan la lista de los más envenenados: décadas de descargas industriales, municipales y agrícolas han convertido sus aguas en vectores de metales pesados, arsénico, mercurio y plomo. Comunidades enteras a lo largo del Lerma-Santiago padecen tasas de enfermedad renal hasta 40% superiores a la media mundial. No es un “costo del desarrollo”. Es la evidencia de un modelo de gobierno que trató el agua como si fuera infinita.

Los ríos no terminan en sí mismos. El Lerma-Santiago desemboca en el Pacífico. Otros arrastran contaminantes hacia el Golfo de México. La lógica extractiva no se detiene en la costa: la sobreexplotación de acuíferos costeros abre la puerta a la intrusión salina. En Baja California y Sonora, pozos que antes daban agua dulce ahora bombean salobre. El mar avanza tierra adentro porque el Estado permitió que se vaciara el subsuelo. Gobernar el agua como si no tuviera límites es gobernar un futuro cada vez más corto.

México conoce otras formas de relación con el agua. Durante siglos los pueblos originarios organizaron su vida política y económica alrededor de ella: sistemas comunitarios de riego, milpas que respetaban los ciclos, propiedad comunal que entendía el agua como fundamento de la soberanía y no como insumo del crecimiento. El Estado moderno desplazó esas lógicas. Parceló, concesionó, industrializó. Hoy el 76% del agua concesionada se destina a la agricultura, gran parte de ella con baja eficiencia, mientras millones de personas enfrentan desabasto o agua de mala calidad. Las concesiones se concentraron, los ríos se envenenaron, los acuíferos se agotaron.

Hay una lección antigua que conviene recordar. Cuando los pueblos indígenas negociaron con los colonos en el territorio que hoy es Nueva York, exigieron pieles de animales como prueba de continuidad: que la caza no había roto el equilibrio, que la tierra seguía produciendo vida. Habitar un territorio implicaba demostrar que la ocupación no cancelaba el futuro. Ese pacto implícito con la naturaleza fue olvidado. En México, el equivalente sería exigir que cada concesión de agua, cada proyecto extractivo, cada decisión pública demuestre que no está cancelando la posibilidad de que los ríos sigan fluyendo y los acuíferos se recarguen.

Gobernar no debería significar maximizar lo posible, sino impedir aquello que hace imposible la vida futura. Existen límites no negociables: umbrales ecológicos que no pueden redefinirse por coyuntura electoral ni por presión económica. Existe la irreversibilidad. No todo daño se corrige. Un río muerto durante décadas no vuelve a ser el mismo aunque se inviertan miles de millones. Un acuífero salinizado por intrusión marina no se recupera con discursos.

La conversación necesaria no es solo técnica. Es política y de sentido. ¿Puede el Estado redefinirse como custodio de la continuidad del agua —de los ríos que cruzan el territorio, de los acuíferos que sostienen ciudades y campos, de los mares que reciben lo que no quisimos tratar? ¿Dónde se trazan los límites entre desarrollo, soberanía y subsistencia cuando el elemento básico de la vida está en juego?

Tal vez el desafío central de este siglo en México no sea administrar el crecimiento, sino aprender a gobernar sin destruir el agua que hace posible cualquier proyecto de país. Porque un Estado que agota sus ríos, vacía sus acuíferos y envenena sus desembocaduras no gobierna: se suicida en cámara lenta, arrastrando consigo la vida que lo sostiene.

Presidente de Agua en México

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