“Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos.” Esta fue la frase con la que la presidenta Claudia Sheinbaum concluyó el recuento que hizo en su informe de gobierno sobre el diagnóstico de “negligencia y desdén” en el que se encontraba el sector salud antes de la llegada de su partido al poder. Este recuento incluyó la mención de la construcción a medias de hospitales, así como el oligopolio que existía en la compra de medicamentos y que, según la Presidenta, fue revertido desde la anterior administración. La breve mención que hizo del cambio en la compra y distribución de medicamentos adujo temas de sobreprecio e ineficiencia que impedían la entrega de insumos a regiones marginadas del país. Sin embargo, faltó por nombrar a la institución clave en la transformación del sistema de compra, almacenamiento y distribución de medicinas, así como los antecedentes y problemas que arrastra: Birmex.
Birmex es una empresa de participación estatal mayoritaria que fue creada para desarrollar y producir vacunas; sin embargo, antes de que el gobierno ampliara sus responsabilidades, ya acumulaba antecedentes que debieron activar alertas. Tal y como lo demostramos en la investigación “Facturas Falsas, la epidemia en el sector salud” de Impunidad Cero y Justicia Justa, Birmex fue la segunda institución federal que más pagó a empresas fantasma. En 17 meses, entre 2014 y 2016, pagó más de 213 millones de pesos a través de 141 facturas emitidas por cinco empresas que después fueron declaradas por el SAT como empresas que facturaban operaciones simuladas. La mayoría del monto identificado para esta investigación fueron pagadas a dos empresas: Diseño y Construcción de Plantas Farmacéuticas, S.A. de C.V. y Grupo Constructor Conhir, S.A. de C.V. Aunque las facturas se emitieron principalmente en 2015, periodo anterior a la reforma del sistema de compras, resulta difícil explicar la decisión gubernamental que permitió otorgarle tantas funciones a una institución con un pasado tan opaco.
Es importante realizar un recuento de cómo Birmex fue acumulando facultades durante el sexenio pasado. Porque, lejos de limitar sus funciones, antes de estos antecedentes ocurrió lo contrario: adquirió una participación mayor en el sistema de medicamentos. En 2020, el expresidente López Obrador le asignó a Birmex la responsabilidad de la distribución de medicamentos en el país. Esta tarea no se cumplió a cabalidad y se tuvo que subcontratar a empresas privadas y a las fuerzas armadas para lograr la distribución.
A pesar de esto, en el 2023, se ampliaron las facultades de Birmex para convertirla en la responsable de la compra consolidada de medicamentos para instituciones federales de salud. Desgraciadamente, esta nueva atribución también presentó varios fallos y se declararon desiertas varias claves de medicamentos. El problema continuó con la compra consolidada de 2025-2026, la cual fue anulada por la Secretaría Anticorrupción al detectar varias irregularidades, entre ellas sobreprecios en algunas claves. Esto no impidió que se le siguieran incrementando las responsabilidades a Birmex, que se convirtió en la responsable de la Megafarmacia y del almacenamiento y distribución de medicamentos. Es decir, de ser una paraestatal productora de vacunas que había pagado millones de pesos a empresas fantasma, pasó a ser el nodo central de contratación, almacenamiento y distribución de insumos médicos en el país.
Sin embargo, los problemas de Birmex no parecen reducirse a las anteriores administraciones y continúan hasta estos días. Gracias a la investigación publicada ayer en EL UNIVERSAL sabemos de las compras de departamentos de lujo pagados al contado por el actual director de Birmex, Carlos Ulloa. Otra investigación también publicada el día de ayer en este periódico reporta la investigación que se hace a Birmex por irregularidades en contratos asignados a Blanroj, empresa vinculada con Biomics Lab, empresa que fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción. Aunque estos dos casos no parecen tener conexión entre sí o con los otros que mencioné anteriormente, sí corroboran un patrón de ineficiencia institucional que no coincide con la ampliación de tareas que se le han otorgado a Birmex. Y es que parece que todo lo que se intentó revertir y que la Presidenta mencionó en su informe sobre el pasado de ineficiencia y sobreprecio en el sector salud ahora se concentra en una institución pública a la que se le otorgó la discrecionalidad y control de mercado que se intentaron acabar.
Celebro que la Secretaría Anticorrupción investigue las contrataciones de Birmex y que desde el Congreso se haya exigido una investigación patrimonial y comparecencia de su director. Sin embargo, esto no quita la serie de irregularidades que se le han detectado a esta institución. Pero existe una responsabilidad más difícil de identificar: ¿quién decidió que Birmex debía acumular tantas funciones? ¿Qué evaluación de sus antecedentes y capacidades se hizo para convertirla en la distribuidora, compradora y almacenadora de medicamentos en el país? ¿Y quién evaluó si cumplía cada nueva tarea antes de otorgarle la siguiente? Y, ¿por qué se eligió a una institución con un pasado plagado de ineficiencia y opacidad para un tema tan delicado e importante como la compra y distribución de medicamentos?
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