Terrorismo y la élite política

El hecho ocurrido en Ojocaliente, Zacatecas, con la explosión de un coche bomba frente a la Comandancia de la Policía Municipal durante las celebraciones de la Feria Regional de la Tuna y de la Uva, sumado al incendio provocado en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, Sonora, en vísperas de una función de boxeo, obliga a hablar de algo mucho más grave que la cómoda etiqueta de inseguridad y de disputas entre grupos criminales.

En ambos eventos está presente la utilización deliberada del miedo como instrumento de poder. Cuando el crimen organizado recurre a ataques con explosivos —vía drones o coches bomba— o actos de violencia espectacular capaces de paralizar comunidades y sembrar terror entre la población, la frontera entre delincuencia organizada y narcoterrorismo comienza peligrosamente a desdibujarse.

Ya no se trata solamente de vender droga, controlar rutas o disputarse territorios. Está la intención implícita de intimidar al Estado y desafiar públicamente su autoridad.

La dimensión mediática es central para entender el terrorismo porque la violencia no busca únicamente producir daño físico sino generar efectos psicológicos, políticos y sociales que excedan ampliamente a las víctimas inmediatas. En este sentido el atentado funciona como un acto de comunicación.

La publicidad multiplica su eficacia y adquiere mayor capacidad coercitiva cuando las imágenes circulan en un ecosistema de medios interactuando entre sí y transformando la manera en que una sociedad percibe, interpreta y construye la realidad.

Aplicado a los hechos en Zacatecas y Sonora, ambos trascendieron el espacio físico y mediante la amplificación mediática se convirtieron en un acontecimiento nacional e internacional.

No hay Informe de Gobierno que matice ese golpe de realidad que empuja la narrativa de Washington al haber estratégicamente designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO)

La posibilidad para actuar de los Estados Unidos se refuerza evidenciando que el gobierno de Sheinbaum es incapaz de controlar plenamente su territorio y que las organizaciones criminales de la mano morena de narcopolíticos actúan como poderes paralelos.

Y no sólo debilitan al gobierno mexicano frente a sus ciudadanos, sino entregan en bandeja de plata a la Casa Blanca un argumento más para sostener que México no quiere —o no puede— resolver por sí mismo aquello que Trump decidió etiquetar como terrorismo.

Ello amplía las herramientas de sanción y persecución penal. Y lo que cambia radicalmente es la situación de un político o de sus familiares coludidos, ya que pueden quedar expuestos a la legislación antiterrorista estadounidense.

Con el cúmulo de pruebas en manos de fiscales del otro lado de la frontera contra actores de Morena, la discusión ha dejado de limitarse a corrupción o narcotráfico.

Se abre la puerta a imputaciones relacionadas con apoyo material a una organización terrorista, además de lavado de dinero, conspiración u otros delitos. El problema para la cacareada transformación del gobierno de Sheinbaum no es solamente reputacional.

Trump prepara el marco jurídico con el cual reinterpretar determinados actos de corrupción política no solamente como apoyo a los cárteles, sino potencialmente como apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Con la innumerable cadena de escándalos en Morena, sorprende la tranquilidad de quienes, instalados en la burbuja del privilegio, confundan impunidad circunstancial con inmunidad permanente.

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