¿Quieren abandonar a la única que denunció la intervención del Cártel de Sinaloa en 2021?

La diputada local del PRI Paola Gárate fue privada de la libertad por sicarios del Cártel de Sinaloa la noche del 5 de junio de 2021, un día antes de las elecciones que llevaron a Rubén Rocha Moya al poder.

Hombres armados la interceptaron y la mantuvieron retenida durante toda una noche, con los ojos cubiertos con cinta canela. Los sicarios la llevaron de un sitio a otro, para interrogarla.

Gárate escuchó que en uno de los sitios a los que la llevaron había otras personas, a las que interrogaban también. Ignoraba que esa noche el Cártel de Sinaloa había cazado en Culiacán a más de un centenar de operadores políticos y de la estructura territorial de su partido, a fin de allanarle a Rocha Moya el camino al poder.

“Ruéguenle a Dios que gane Morena, porque si no, aquí a todos ustedes los van a matar”, oyó decir.

La liberaron en una calle solitaria, con la instrucción de que se fuera a su casa y no saliera hasta que hubieran cerrado las casillas.

El entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, premiado como embajador de la 4T en España, recomendó a los secuestrados “que le dieran vuelta a la hoja” y no hicieran denuncias.

Paola Gárate no se calló. Fue la única víctima de aquella noche que se atrevió a denunciar públicamente lo que había ocurrido. “La presidenta Claudia Sheinbaum pide pruebas, pues yo soy testigo y víctima de la narcoelección de 2021 en Sinaloa”, dijo.

Gárate se convirtió en una crítica sistemática del gobierno de Rocha Moya. Le reclamó la violencia desatada en Sinaloa, en la Cámara le preguntó por qué en su informe de gobierno no hablaba de los más de tres mil asesinatos que sacudían al estado, de los miles de desapariciones, de los más de diez mil vehículos robados.

Ante su incapacidad de detener la violencia, Gárate pidió la renuncia del general Gerardo Mérida, secretario de seguridad pública de Rocha Moya, hoy detenido en Estados Unidos. Mérida respondió: “que primero se vea la cola esa mujer”.

Denunció a Mérida por violencia de género, “pero la hermana de Enrique Inzunza, que controla el poder judicial del estado, desechó la acusación". Por el contrario, cuando se hicieron públicas las denuncias contra el legislador de Morena por acoso sexual, y ella lo llamó “el legislador acosador”, Inzunza la denunció por daño moral, y esta vez la acusación sí procedió. Le ordenaron pagar una multa de 250 mil pesos.

En junio de 2026, cuando las denuncias de Gárate sobre lo que había pasado en Sinaloa llegaron a medios nacionales, le dejaron una corona fúnebre en su casa, con una cinta gris en la que se leía: “Fam. Gárate”. Ella tuvo que irse de su casa y pidió protección federal. Desde lo alto del gobierno le respondieron que se realizaba un análisis de riesgo y se daba seguimiento a su caso. Gárate acusó a la Presidenta de falta de sororidad y de vivir dos realidades.

Operadores de la presidencia presionaron entonces a varios medios para que publicaran una nota en la que se intentó relacionar a la diputada con el Cártel de Sinaloa, por haber asistido hace diez años al bautizo de un hijo del hermano de un sicario. Literal.

Ella señaló la incongruencia de la acusación: a la única persona que denunció la intervención del Cártel de Sinaloa en la elección que llevó a Rocha Moya al poder… la acusaban de estar vinculada nada menos que con el Cártel de Sinaloa.

Luego ocurrió todo lo que sabemos: la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya, Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. La solicitud de licencia temporal, el abrupto regreso, el deslinde desde la presidencia, la licencia definitiva y la llegada de Graciela Domínguez Nava al poder.

Tras la llegada de la corona fúnebre, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, aseguró que Gárate no había presentado la denuncia correspondiente. No faltó quien dijera que se la había enviado ella misma, pero la diputada replicó que la había presentado antes de 24 horas y exigió que se investigaran los hechos.

Promovió un juicio de amparo a fin de recibir protección federal. En cumplimiento a la orden de un juez, se le dio protección temporal por parte de la Guardia Nacional, condicionada solo a sus actividades oficiales como legisladora. En resumen, la legisladora dejaba de tener custodia al cruzar las puertas de su domicilio o realizar actividades de carácter personal. La orden instruía que se hicieran rondines en su domicilio y se atendiera un posible llamado de emergencia.

El pasado 27 de agosto, desde el jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se promovió un incidente para revocar ese amparo. De acuerdo con Gárate, la SSyPC alega que al ser ella autoridad local, debe recibir protección de autoridades locales: es decir, protección de un gobierno que sigue estando controlado por Rocha Moya y por quienes ella denunció.

“Quienes no sufrieron secuestro, ni fueron amenazados, ni recibieron coronas de muerto, ni fueron demandados; quienes avalaron a Rocha y dijeron que todo estaba bien, son ahora, según la Secretaría de Seguridad Federal, quienes deberían cuidarme: debería cuidarme un gobierno en el que no confío. El gobierno de Morena, el cártel más mortal y peligroso de México”, explica.

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