Mi derecho, mi lugar

En la Mañanera del 24 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los resultados del nuevo esquema de acceso a la educación media superior, aquel que sustituye el examen de admisión por un mecanismo de elección informada. La cifra que resume el alcance de esta transformación habla por sí sola. Casi 600,000 jóvenes decidieron ya dónde continuar sus estudios de bachillerato sin presentar ningún examen. Se trata de una generación completa que, por primera vez, accede a su lugar en el sistema educativo a partir de sus propias preferencias y no de un filtro estandarizado que, durante décadas, funcionó como una barrera silenciosa para miles de familias mexicanas.

Conviene detenerse en lo que significa, en términos de justicia educativa, dejar atrás un examen de admisión cuyo resultado podía convertirse en una barrera para que un joven continuara con sus estudios o pudiera acceder a la escuela que había elegido. A esto se sumaba que, en 2024, sólo 26% de los jóvenes obtuvo su primera opción, mientras que 31% fue asignado entre su sexta y vigésima opción, de modo que para muchos obtener un lugar en el bachillerato también significaba alejarse de la escuela que querían. En 2025, el 93% de los estudiantes quedó entre su primera y segunda opción.

Esto importa porque la distancia entre la escuela que un joven quiere y aquella a la que finalmente puede acceder también puede convertirse en una razón para abandonar sus estudios. Las condiciones económicas y familiares determinan cuánto puede gastar una familia en transporte, cuánto tiempo puede dedicar un estudiante a trasladarse y qué tan viable resulta asistir todos los días a un plantel que queda lejos de su casa. En este contexto, el abandono escolar sigue siendo uno de los grandes retos de la educación media superior. Durante el ciclo 2023-2024, más de medio millón de estudiantes abandonaron sus estudios, equivalentes al 11% de la matrícula de ese nivel, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública.

A ello se suman las desigualdades que ya existen desde antes del examen, desde el acceso a materiales de estudio hasta el tiempo disponible para prepararse. Por eso, eliminar el examen como filtro significa reconocer que el acceso a la educación media superior no debería quedar definido por una sola prueba que, además, puede reproducir las desigualdades de origen. Si una mayor proporción de jóvenes logra estudiar en la escuela que eligió, estoy segura de que esto contribuirá también a reducir el abandono escolar, aunque sus efectos tendrán que medirse durante los próximos ciclos para confirmar el alcance de esta transformación.

El artículo 3° constitucional establece que la educación que imparta el Estado debe ser democrática, entendida no como una simple estructura jurídica sino, en palabras de la propia Constitución, como un sistema de vida fundado en el mejoramiento constante del pueblo. Durante décadas ese principio convivió, en los hechos, con exámenes que podían determinar a qué escuela tendría acceso un joven y, en muchos casos, obligarlo a estudiar en una opción que no correspondía con sus preferencias. Con la eliminación del examen como filtro, ese mandato deja por fin de ser una aspiración escrita. La educación media superior puede convertirse así en un derecho que se ejerce con mayor libertad de elección, sin que el resultado de una sola prueba termine definiendo el rumbo escolar de una persona. Elige, entre alternativas reales, el camino que quiere seguir.

Esta misma lógica se extiende, con igual fuerza, a la educación superior, pues la presidenta presentó también, junto con la SEP, la plataforma Educación Superior 2026, que se habilita este mismo 25 de agosto y concentra cerca de 38,000 espacios disponibles para jóvenes que buscan continuar su formación universitaria, con el propósito de que quienes no obtuvieron un lugar en su primera opción puedan identificar, de manera centralizada y transparente, otras alternativas con espacios disponibles. La continuidad entre ambos anuncios confirma que estamos ante una política integral y coherente, pensada para acompañar a los jóvenes mexicanos en cada etapa de su trayectoria educativa, sin dejar a nadie atrás.

Un elemento adicional que conviene subrayar, porque robustece la legitimidad de toda esta transformación, es la consulta que la SEP inició el 24 de agosto entre aproximadamente 1.2 millones de docentes sobre las reglas de ingreso, promoción, ascenso y uso de dispositivos móviles en las aulas, ya que escuchar a quienes forman día con día a nuestras niñas, niños y jóvenes es una condición indispensable para que cualquier reforma educativa tenga sentido y arraigo verdadero en las escuelas del país.

México vive hoy un momento verdaderamente histórico para su sistema educativo. Hay que reconocer el gran trabajo del secretario Mario Delgado, cuya conducción de esta transformación educativa permite hoy que miles de jóvenes ejerzan con mayor libertad su derecho a elegir dónde estudiar y, sobre todo, que ningún joven se quede sin la posibilidad de estudiar. A esto se suma el trabajo realizado para ampliar las oportunidades en la educación media superior, con 200 mil nuevos lugares para 2026 y la creación del Bachillerato Nacional, que unificó el Marco Curricular Común de 31 subsistemas.

El nuevo esquema de acceso al bachillerato y la apertura de espacios para quienes buscan continuar sus estudios universitarios muestran que el derecho a la educación puede dejar de estar condicionado por un filtro único y convertirse en una realidad ejercida con información y libertad. Estoy segura de que, con el tiempo, veremos también sus efectos en la permanencia y conclusión de los estudios, y que esta transformación permitirá que cada vez más jóvenes encuentren en la escuela una oportunidad para construir el futuro que quieren. Desde el escaño, seguiré acompañando, con orgullo y convicción, esta transformación que coloca a cada joven mexicano en el lugar que por derecho le corresponde. Nos leemos pronto.

Senadora por la Ciudad de México

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