Capacitación electoral: peligrosos retrocesos

Cada elección mexicana comienza mucho antes de la apertura de las casillas. Uno de los componentes decisivos de todo proceso electoral es la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se trata del conjunto de procedimientos mediante el cual se selecciona, visita, capacita y acompaña a las ciudadanas y los ciudadanos que recibirán y contarán los votos de sus propias comunidades.

Su importancia radica en un principio fundamental: en México, las personas sorteadas mediante un procedimiento imparcial y debidamente capacitadas son quienes integran las mesas directivas de casilla. El domingo cívico verifican la identidad del electorado, entregan las boletas, vigilan que el sufragio sea libre y secreto y realizan el escrutinio. La ECAE también prepara a quienes brindan asistencia electoral, apoyan la instalación de casillas y atienden los incidentes que pueden presentarse durante la jornada.

La ECAE establece reglas, materiales, calendarios y mecanismos de supervisión para que esa enorme operación nacional se realice con rigor y uniformidad. Su trascendencia rebasa, por tanto, la simple organización logística. Capacitar adecuadamente significa proteger cada voto contra errores, improvisaciones y manipulaciones; asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, y documentar y comunicar resultados oportunos, verificables y confiables.

Por ello, la capacitación electoral convierte la participación ciudadana en garantía democrática. El pasado 31 de agosto, el Consejo General del INE aprobó la ECAE 2026-2027. La voté a favor en lo general, pero voté en contra en lo particular de diversos aspectos que considero inadmisibles retrocesos en la protección de derechos y contrarios a los principios de progresividad y no regresividad.

Indebidamente, se reducen -en contra de los plazos establecidos en la ley- en ocho días los periodos de capacitación y se elimina la posibilidad de acudir a un procedimiento ordinario sancionador de oficio en casos de desconocimiento de afiliación o militancia indebida de personas aspirantes a Supervisoras Electorales y Capacitadoras. Asistentes Electorales. Además, se incorpora al formato de declaratoria bajo protesta de decir verdad de quienes integrarán las mesas directivas de casilla la referencia a la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, que sanciona a quien falta a la verdad ante una autoridad.

También se sustituyó la compulsa con bases de datos de personas servidoras públicas para quienes integrarán las mesas directivas de casilla por una declaración bajo protesta de decir verdad de la ciudadanía. A ello se suma la eliminación de una medida de nivelación en el procedimiento de insaculación, decisiones que, en conjunto, reducen salvaguardas que contribuían a fortalecer la imparcialidad, inclusión y certeza en la integración de las casillas.

Debilitar la ECAE no constituye un simple ajuste administrativo: significa erosionar uno de los principales mecanismos de certeza de la jornada electoral. Reducir sus estándares, flexibilizar indebidamente sus procedimientos, alterar su calendarización ordinaria o modificar su operación sin suficiente sustento técnico puede traducirse en una capacitación desigual, integración deficiente de las mesas directivas de casilla, criterios discordantes y mayores riesgos de error en la recepción, el escrutinio y el cómputo de los votos. Cuando está en juego la expresión auténtica de la voluntad popular, cualquier improvisación institucional resulta inadmisible.

También se debilita uno de los compromisos fundamentales del INE: garantizar condiciones de igualdad en la organización de las elecciones. Todas las personas, comunidades y entidades deben contar con las mismas garantías para ejercer sus derechos políticos y electorales, aun cuando las condiciones territoriales, sociales y culturales en las que se organizan las elecciones sean distintas.

El INE no puede permitir democracias de primera y de segunda. Su deber constitucional es asegurar que cada voto sea recibido, contado y protegido con el mismo rigor, sin privilegios ni desigualdades, porque la integridad electoral es un derecho y el Instituto es su garante.

Defender la ECAE es defender la certeza, la igualdad del voto y la confianza pública en las elecciones. Cuando se debilita, desordena o desconfigura la capacitación ciudadana, no sólo se pone en riesgo la operación de las casillas: se compromete el principio democrático de que cada voto, sin importar el lugar en el que se emita ni quién lo deposite, debe ser recibido, contado y protegido con las mismas garantías.

Consejera Electoral del INE.

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