Barra Mexicana, Colegio de Abogados | 08-09-26 | 02:30 | Francisco Riquelme Gallardo |

El 19 de septiembre de 2017, un sismo de 7.1 grados afectó la vida de decenas de familias mexicanas. En el Colegio Enrique Rébsamen, en Tlalpan, colapsó un inmueble construido con un piso adicional que jamás debió autorizarse. Murieron 19 niñas y niños y 7 personas adultas. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que consideró este caso un litigio estratégico, me asignó, en su labor pro bono, la representación penal del mayor grupo de víctimas. Un encargo que asumí con la convicción de que la abogacía también se debe a quien no puede pagarla. Mónica García Villegas, dueña y directora del plantel, huyó tras el derrumbe; obtuvimos que la Procuraduría ofreciera recompensa de cinco millones de pesos por información para su localización. Fue detenida en 2020 y declarada culpable de homicidio culposo en agravio de las 26 víctimas, determinándose una pena de 29 años con 5 meses de prisión y el decomiso de los predios de Rancho Tamboreo 11 y 19. Lo anterior, no obstante que con autorización de mis representados, en su momento ofrecí a la defensa un juicio abreviado con 10 años de prisión —negociación que buscaba evitar a los padres la revictimización de acudir a juicio—; la defensa lo rechazó y optó por agotar cada instancia disponible. En un diverso juicio oral, en 2021 se obtuvo que un juez condenara a Juan Mario Velarde Gámez a 70 años de prisión por homicidio doloso, pues se acreditó que, en su calidad de garante de la seguridad de la obra, omitió deliberadamente evitar un riesgo que ya conocía. En el juicio oral de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, en diciembre del 2024, se impuso una pena de 10 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio culposo, por haber otorgado constancias de seguridad estructural de los inmuebles relacionados. Además, logramos que se obligara al Instituto para la Seguridad de las Construcciones a revisar la seguridad estructural de todas las escuelas públicas y privadas de la capital, clasificando el riesgo de cada plantel y exigiendo su rehabilitación conforme a ese riesgo. Ese compromiso, nacido del dolor, se convirtió en política pública para toda la ciudad. En su momento propusimos la responsabilidad penal de diversos servidores públicos, y llevamos nuestro reclamo incluso ante la justicia federal, sin encontrar eco alguno, no obstante que la reforma judicial aún no se concretaba. Mientras los responsables materiales pagan con excesiva cárcel, quienes desde una oficina toleraron o encubrieron el riesgo continúan, hasta hoy, sin rendir cuentas ante ningún tribunal. Otro resultado del litigio es que hoy existe, en la Alameda del Sur, un memorial inaugurado en 2023.

Como abogado, y como testigo de este proceso, sostengo que la memoria no debe convertirse en resignación. El expediente Rébsamen sigue abierto; aún estamos por iniciar otro juicio oral en contra de Juan Apolinar Torales Iniesta, y por concluir un juicio de extinción de dominio. Mientras esos litigios no se cierren por completo, la deuda con esas 26 vidas seguirá pendiente.

Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

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