Si se juzgara por la deriva que han tomado las Cumbres Iberoamericanas, la XXX, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, podría parecer condenada a la irrelevancia. Desde aquella escena de 2007 en Santiago de Chile, cuando el Rey Juan Carlos I, exasperado por las interrupciones del presidente venezolano Hugo Chávez, le espetó su célebre «¿por qué no te callas?», las Cumbres han perdido protagonismo y capacidad de convocatoria. Su declive coincidió con el avance de los neopopulismos de izquierda radical, que convirtieron la política exterior latinoamericana en otro escenario de confrontación ideológica y erosionaron aquel espacio de diálogo y cooperación que había tenido gran sentido desde comienzos de los noventa.
Si la expectativa sobre la Cumbre se midiera por la capacidad de articulación política del Gobierno español, tampoco invita al optimismo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez llega a la cita debilitado por los escándalos de corrupción que han alcanzado a colaboradores muy cercanos, sostenido por una mayoría parlamentaria precaria, una oposición cada vez más confiada y una agenda interna difícil, que incluye la presión migratoria sobre Ceuta. Todo ello podría restarle capacidad para hacer de la Cumbre un evento estelar, a lo que se suma el cambio en el mapa político latinoamericano. Mientras mantiene una relación especial con Brasil, Uruguay, México y Guatemala, buena parte de la región ha girado hacia la derecha o la centroderecha, y Sánchez ha protagonizado ásperos desencuentros con algunos de sus exponentes.
Pero es precisamente en esa coyuntura de fragilidad política donde España puede jugar su carta más valiosa. Felipe VI no dirige la política exterior, no negocia la declaración final de una Cumbre ni puede sustituir al Gobierno en sus responsabilidades diplomáticas. Pero es el único actor de la política española capaz de sentarse con los presidentes latinoamericanos sin cargar con el peso de las mayorías parlamentarias, las disputas partidistas o los ciclos electorales. Su interlocución personal, su conocimiento de la región y el vínculo histórico de la Corona con sus jefes de Estado le otorgan una capacidad transversal decisiva cuando las diferencias ideológicas pueden amenazar con convertir una Cumbre en otro escenario de confrontación. No es una ventaja menor. La escena de Cuenca, en noviembre de 2024, lo puso de manifiesto. Cuando aquella Cumbre quedó marcada por la ausencia de la inmensa mayoría de los presidentes convocados, Felipe VI fue uno de los pocos jefes de Estado que acudió y acompañó al anfitrión, Daniel Noboa. Este año se produjo un gesto aún más significativo.
Después de siete años de enfriamiento entre España y México, el Rey se reunió en junio con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, en un encuentro que simbolizó la normalización de una relación deteriorada desde la controvertida carta que Andrés Manuel López Obrador dirigió a la Corona en 2019.
Es ahí donde el valor simbólico de Felipe VI, en una coyuntura en la que la necesidad puede convertirse en virtud, ofrece a España una oportunidad que trasciende la propia Cumbre. La instrumentalización migratoria y la creciente presión política de Marruecos sobre el país podrían convertirse, paradójicamente, en el estímulo para que una asistencia masiva y comprometida a Madrid transforme la capacidad de interlocución del Rey en una palanca de solidaridad iberoamericana con España. Más aún si tras el envalentonamiento marroquí gravitaran respaldos externos o cuentas pendientes de potencias capaces de proyectar su fuerza sobre el Mediterráneo. En ese supuesto, el desafío de la Cumbre adquiriría otra dimensión.
Sería, en definitiva, la ocasión de devolver a la reunión el valor perdido y de recordar que esa comunidad de veintidós países no se reúne solo para celebrar una historia compartida, sino para poner a prueba la hermandad cuando las circunstancias lo exigen.
Ese sería apenas el primer paso, porque las Cumbres han perdido lustre al refugiarse en tópicos condescendientes y eludir asuntos espinosos. Y aquí hay que sincerarse. China está ganando la carrera por la centralidad económica en América Latina y transformando el sistema regional con comercio, infraestructura, materias primas, tecnología, manufacturas y financiación, en detrimento del espacio iberoamericano. Es cierto que España alcanzó en 2025 un máximo histórico de stock de inversión extranjera directa en América Latina, con 245.000 millones de euros, lo que la sitúa como el segundo inversor mundial en la región, solo por detrás de Estados Unidos. Y también que México acumula ya más de 35.000 millones de euros de inversión extranjera directa en España. Pero el comercio intraiberoamericano sigue siendo magro y, en algunos casos, ha retrocedido. Si en 2000 América Latina era destino del 6,03 % de las exportaciones españolas de bienes, en 2025 esa participación había caído al 4,93 %, y algo similar ha ocurrido en el Mercosur.
Es ahí donde deberían reconocerse coincidencias sustanciales entre la agenda estadounidense en América Latina y una agenda iberoamericana que quiera recuperar relevancia. El modelo chino de sobreproducción, sostenido por subsidios y manufacturas baratas, no solo desindustrializa economías en desarrollo, sino que distorsiona precios, expulsa competidores y concentra las cadenas de suministro.
Claro, ese sería un tema para la próxima Cumbre Iberoamericana, que no debería limitarse a administrar afinidades históricas. Pero quizá sea precisamente esa la oportunidad que tiene Madrid de ayudar a corregir el rumbo desde ahora, con una Secretaría General Iberoamericana que ha demostrado capacidad de diálogo y sensatez política en estos tiempos.
Analista político e internacional.
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