Por Rafael Alvarado López
En las últimas décadas, la política pública para que la clase social con menores ingresos adquiriera una vivienda, fracasó debido a que la vivienda se desarrolló en las periferias de la ciudad, donde no había infraestructura, con transporte público deficiente, servicios básicos escasos y comunidades convirtiéndose en zonas inseguras, trajo además un excesivo aumento en gastos para satisfacer las necesidades de sus ocupantes, todo en detrimento de su condición social y económica, repercutiendo en su calidad vida.
De acuerdo con la nueva agenda urbana, planteada en la convención de ONU Hábitat llevada a cabo en Quito, Colombia en el 2016, que comparte una nueva visión de ciudad, la cual está orientada hacia densificar las zonas centrales de las ciudades, con la idea de aprovechar la disponibilidad de empleos, servicios, infraestructura y transporte entre otros atributos.
Ahora bien, si nos remontamos al principio básico por el cual tuvo lugar la revolución mexicana, “la tierra es de quien la trabaja (Emiliano Zapata Salazar, 1911), haciendo referencia a la gran desigualdad de riqueza que había entre los hacendados y los campesinos, por lo cual se buscaba que las personas de menos recursos, en este caso los campesinos, pudieran tener tierra para su propio beneficio. Fue así que después de la revolución mexicana, se promulgo la Ley Agraria, con el presidente Venustiano Carranza en 1915, la propiedad privada se convertía en tierra comunal que se asignaba a comunidades rurales, el propósito era promover la igualdad en la propiedad de la tierra y el acceso a los recursos naturales. En pocas palabras lo que buscaba la revolución era “comunizar la tierra”.
Pudiéramos remontarnos a los problemas que motivaron la revolución mexicana, ahora por la desigualdad para acceder al suelo urbano con redes de infraestructura, equipamientos y servicios, reconociendo que las clases socioeconómicas más desfavorables no tienen acceso a estas áreas urbanizadas. El CONEVAL mide el nivel de pobreza de acuerdo con el nivel de acceso a los distintos equipamientos, como educación, salud, cultura, y el acceso a los servicios públicos e infraestructura adecuada.
El darle una vivienda digna y adecuada a la mayoría de la población siempre ha sido una de las políticas sociales de los gobiernos mexicanos, como dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre ha sido un reto, o hasta una utopía, ya que para personas de bajos recursos, es inaccesible adquirir una propiedad en las zonas centrales de las ciudades, y si a esto le sumamos el voraz apetito del sistema capitalista que no promueve la igualdad si no el consumo, con base en el excedente de capital que se genera, sería prácticamente imposible generar vivienda social en las centralidades.
¿Por qué podría ser la vivienda vertical asequible la respuesta a un modelo de vivienda social en la zona central de las ciudades mexicanas?
Entiéndase por asequible una vivienda, que tenga servicios propios, acceso a equipamiento, servicios, transporte e infraestructura, y que sea posible de adquirir para la mayor parte de la población.
Con este modelo de vivienda vertical, integraríamos a un gran número de personas que viven en la periferia, con fácil acceso al equipamiento y servicios, lo que reduciría costos en movilidad, generando así un excedente de capital, el cual podría ir directamente al consumo local, comunizando el suelo urbanizado y aportando al sistema capitalista de consumo.
Este modelo, requiere de la participación público-privado, con el planteamiento de un plan de acción, para que este tipo de vivienda vertical llegue a las familias más desfavorable. Hoy, la Ciudad de Guadalajara ya se está realizando este tipo de vivienda. Esperemos que este modelo sea lo suficientemente exitoso para reproducirlo en el resto de las ciudades del país.
Alumno de la Maestría de Desarrollo de Proyecto Urbanos de la Universidad Iberoamericana.
