Por Lorenzo Pale Mendoza
Hablar de la industria azucarera es hablar de una actividad estratégica para México. Detrás de cada zafra existen miles de familias, comunidades enteras y una cadena productiva que durante décadas ha contribuido al desarrollo económico y social de diversas regiones del país.
Sin embargo, el último año representó uno de los periodos más complejos para nuestro sector. La reducción en las exportaciones hacia Estados Unidos —que se limitaron a 200 mil toneladas— provocó una sobreoferta en el mercado nacional. Como consecuencia, los precios del azúcar cayeron de manera importante y el impacto financiero alcanzó prácticamente a toda la industria.
Los datos reflejan con claridad la dimensión del desafío: durante el ejercicio anterior, el 95% de los ingenios del país no registró utilidades. Se trató, sin duda, de uno de los momentos más críticos que ha enfrentado el sector en las últimas tres décadas.
Frente a este escenario, hoy existen razones objetivas para mirar hacia adelante. La ampliación del cupo de exportación hacia el mercado estadounidense permitirá enviar entre 550 mil y 600 mil toneladas durante el siguiente ciclo de zafra, dentro de una proyección global de 1.2 millones de toneladas. Este incremento representa un paso importante para contribuir a corregir los desequilibrios que afectaron al mercado interno y favorecer una recuperación gradual de la actividad.
Esta medida se suma a una acción previa orientada a fortalecer las condiciones del sector: el ajuste al arancel ad valorem aplicable a la importación de azúcar de bajo volumen, que pasó de 360 a 720 dólares para regular el ingreso de azúcar proveniente de Centroamérica. Ambas decisiones forman parte de una estrategia que busca restablecer mejores condiciones para una industria que genera empleo, inversión y desarrollo regional.
En este proceso ha sido fundamental el diálogo institucional entre la Presidencia de la República, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, representantes industriales, agrupaciones cañeras y nuestra organización sindical. Asimismo, reconocemos la participación de Tereso Medina Ramírez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en las gestiones e interlocución que han acompañado esta agenda.
Desde la representación sindical existe otro aspecto que merece destacarse. A pesar del complejo escenario financiero que enfrentaron las empresas, los compromisos establecidos en el Contrato-Ley fueron cumplidos en su totalidad. Los salarios y las prestaciones de entre 25 mil y 30 mil trabajadoras y trabajadores se pagaron al cien por ciento, demostrando la fortaleza del modelo de negociación colectiva que rige a nuestra industria.
Incluso en un contexto donde la mayoría de los ingenios no obtuvo utilidades, fue posible alcanzar acuerdos por cerca de 100 millones de pesos en bonos especiales en el 80% de los ingenios, además de mantener programas permanentes como la Caravana de la Salud, la entrega de enseres domésticos, los apoyos del Fideicomiso de Previsión Social y los programas vacacionales. Estos resultados reflejan que la protección del bienestar de las personas trabajadoras sigue siendo una prioridad compartida.
Ahora corresponde preparar la siguiente etapa. Los representantes de los 41 ingenios afiliados al STIASRM ya trabajan en las reparaciones y mantenimiento de las plantas procesadoras con miras a la zafra 2026-2027, para la cual se proyecta una producción superior a los 5.5 millones de toneladas.
Al mismo tiempo, la industria mantiene una agenda de trabajo orientada a fortalecer su competitividad. Entre los temas prioritarios se encuentran la atención al mercado interno, afectado por la reducción del consumo y el uso creciente de sustitutos sintéticos como la alta fructosa; la revisión del Contrato-Ley que iniciará el próximo 1 de octubre mediante la Convención Obrero Patronal convocada por la Secretaría del Trabajo; el diálogo para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas durante los periodos de zafra, proyectando dos días de descanso para el año 2030; el fortalecimiento de los procesos democráticos internos mediante el voto personal, libre y secreto; el incremento de la participación femenina en la industria, que actualmente representa el 10% de la plantilla laboral; así como el impulso a mecanismos que eviten la sobreoferta interna mediante el cumplimiento de las cuotas de exportación asignadas al mercado mundial y el respaldo a la reactivación de plantas procesadoras como el Ingenio Puga e Ingenio Carmen.
La recuperación del sector no será producto de una sola decisión. Requerirá continuidad, coordinación entre todos los actores y una visión compartida que permita consolidar una industria más fuerte, competitiva y sostenible.
Las y los trabajadores de la industria azucarera hemos demostrado que sabemos enfrentar los momentos difíciles con responsabilidad y compromiso. Hoy corresponde aprovechar las condiciones que comienzan a generarse para fortalecer un sector que sigue siendo fundamental para la economía nacional y para miles de familias mexicanas.
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM)