Hacia una gobernanza de la seguridad urbana en México

En los últimos años se ha tejido un complejo entramado acerca de la gobernanza en materia de la política seguridad en las ciudades. Desde que inició, la ya nada nueva, estrategia contra el crimen organizado y convencional, distintos actores sociales, privados y públicos han participado para mejorar las condiciones de convivencia urbana. Sin embargo, el objetivo de reducir la violencia e inseguridad no ha sido alcanzado y esto se debe en gran medida a la falta de una redefinición del papel de cada uno de estos actores en esta política pública. La confluencia de intereses de estos actores no resulta sencilla, pero una definición del papel del Estado en la materia puede ser un buen comienzo para tener políticas de seguridad urbana más efectivas.

A partir del 2006, cuando el gobierno federal puso en marcha una estrategia distinta contra el crimen organizado, distintos actores sociales y privados se dieron a la tarea de participar, a través de distintas estrategias, en el mejoramiento de la seguridad. Un caso emblemático fue el de Ciudad Juárez, que, en 2011, luego de alcanzar cifras históricas de homicidios dolosos, el gobierno local, estatal, federal, grupos empresariales y actores sociales participaron para reducir de manera importante las muertes intencionales. Lo exitoso de esta intervención se reflejó en términos cuantitativos: en 2011 esta urbe registraba 1460 homicidios, para el 2014, las muertes intencionales se habían retraído a 363 (una reducción de 75.14%), esto según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A partir de estos años es posible distinguir decenas de formas de colaboración de organismos sociales, privados y públicos para mejorar la seguridad en distintas ciudades del país. La participación de movimientos sociales, organizaciones civiles, grupos de vecinos, consejos y cámaras empresariales, etc. indican el abanico de actores que en la última década se han involucrado en las distintas etapas de esta política pública.

Y a pesar de una mayor participación en el área de la seguridad pública, en los últimos dos años nuevamente las cifras oficiales nos muestran el crecimiento del número de delitos y su dispersión a distintas partes del territorio mexicano: ahora el fenómeno no es solo exclusivo de las aglomeraciones urbanas del norte del país. Así, ciudades localizadas en el sureste, tales como Acapulco, Guerrero y Villahermosa, Tabasco, reportan las principales tasas de homicidios dolosos y robos con violencia, respectivamente. En el caso de centro del país, Cuernavaca, Morelos, es una de las urbes con mayor número de secuestros por cada 100 mil habitantes. Por si fuera poco, en la región del norte de México nuevamente se registran crecimientos considerables de la violencia homicida: Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey.

Pero entonces, si hay una mayor colaboración de distintos sectores de la sociedad en las ciudades ¿Qué es lo que no está funcionando? Distintos pueden ser los factores que están operando para no lograr reducir de forma definitiva la frecuencia e intensidad de ocurrencia de los delitos, pero una de ellas es, sin duda, la falta una mayor coordinación de los actores interesados en mejorar la seguridad, lo cual está generando que los recursos privados y públicos disponibles se estén diluyendo.

Por un lado, y lo que consideramos más importante, es que los gobiernos, en sus distintos niveles, no ha logrado definir con claridad las políticas de seguridad a seguir. Como lo hemos dicho en textos anteriores, las autoridades han centrado sus esfuerzos en reaccionar frente al delito y violencia, dejando al margen las políticas de prevención. Sin dejar de mencionar lo complejo que se ha hecho la coordinación de las instancias de seguridad en el ámbito urbano, sobre todo cuando ciudad rebasa los límites administrativos de un municipio o entidad federativa. Además, en muchas ocasiones, los actores públicos, se muestran poco permeables a las propuestas de actores no gubernamentales; e incluso, en algunos casos los gobiernos locales crean espacios de participación ad hoc para simular mayor apertura a los grupos sociales.

Por su parte, definir la colaboración de la sociedad civil en el marco de las políticas contra la inseguridad y violencia resulta ser mucha más complicada, pues hay una serie de intereses entre las organizaciones que muchas ocasiones son contradictorios. Por ejemplo, hay actores urbanos que exigen mayor vigilancia y presencia policiaca en sus calles y barrios; mientras que otros apelan a la auto organización, toda vez que hay altos niveles de desconfianza en las instancias de seguridad, sobre todo de las locales, según las Encuestas de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de los últimos años.

En el caso de los actores privados, algunas de sus intervenciones se han enfocado a presionar a los gobiernos locales, tal como lo muestra la experiencia de Tijuana (CIDA, 2015C). No obstante, no hay que perder de vista que la preocupación de este tipo de actores, se circunscribe a la de proteger o incrementar los beneficios económicos, con lo cual quedan al margen estrategias de seguridad que protejan con mayor número de ciudadanos.

Así pues, el tema de coordinación de actores para la participación de seguridad pública en las ciudades no es sencillo, sin embargo, una primera propuesta que planteamos a partir de este análisis general es un mayor protagonismo del Estado en direccionar los esfuerzos de los distintos actores sociales acompañado de una mayor apertura a las propuestas de la sociedad civil y de los actores privados, buscando siempre el mayor beneficio para los ciudadanos.

José Ángel Fernández Hernández

Investigador Observatorio Nacional Ciudadano

@DonJAngel

@ObsNalciudadano

CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo) (2015). El Sector Privado y la Seguridad Ciudadana: el caso de Tijuana. En línea (Consultado el 1 de octubre 2017): http://cidac.org/wp-content/uploads/2015/12/Sector-Privado-y-Seguridad-C...