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Van por fortalecer acciones colectivas

Senadora busca que gente afectada por emporios económicos enfrente casos sin deficiencias en la ley

Van por fortalecer acciones colectivas
Las acciones colectivas lograron la suspensión de la siembra de maíz genéticamente modificado. Foto: ARHIVO EL UNIVERSAL
Nación 29/12/2020 03:18 Juan Arvizu Actualizada 03:19

Grandes emporios económicos pueden ser menos poderosos en la defensa civil de derechos si los ciudadanos afectados los enfrentan de manera colectiva, a diferencia de cuando los demanda uno solo, y aunque la Constitución consagra las acciones colectivas, por deficiencias en la legislación secundaria se recurre poco a ellas, dice la senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena).

Un Código Federal de Procedimientos Colectivos, propuesto por Rivera Rivera, tiene el objeto de reglamentar de manera efectiva este derecho para reclamar afectaciones a poderosos que, de manera individual, serían invencibles, comenta en entrevista.

Lideresa de comunidades, defensora de derechos colectivos ante afectaciones que el sistema Judicial atiende de manera esquemática de forma individual, la senadora tiene la experiencia de quienes enfrentaron a la multinacional Monsanto en tribunales y lograron, en un largo proceso, la suspensión en México de la siembra de maíz genéticamente modificado.

Ana Lilia Rivera Rivera es coautora de la iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, vigente desde abril pasado, la cual crea el Consejo Nacional del Maíz Nativo, un órgano de consulta del Ejecutivo federal en la materia.

Confrotar a Monsanto en la defensa del maíz nativo como una acción colectiva pasó por complicaciones derivadas de disposiciones secundarias inadecuadas, por lo que Rivera Rivera incluyó en su agenda legislativa la revisión de cómo reclamar los derechos de manera colectiva.

La senadora de Tlaxcala presentó en noviembre pasado la iniciativa de Código Federal de Procedimientos Colectivos, “con lo que podemos cambiar muchas cosas, pues hay muchos abusos en los servicios que prestan las empresas privadas”, así como derechos que afecte cualquier gobierno, señala.

El ordenamiento que propuso y se turnó a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda deroga disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles de 2011, cuya invocación ha sido inusual pese a que es una herramienta del derecho de gran potencial social, dice.

Apunta que un tema tan trascendente fue escondido en el Código Civil y propone que esa falla se corrija con el primer Código Federal de Procedimientos Colectivos en México y, quizá, en América Latina.

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