De acuerdo con el diputado perredista Víctor Hugo Lobo Román, hoy en día, la falta de espacios para sepultar a un ser querido es una realidad, pues en la capital del país suceden 60 mil defunciones anuales, sin embargo, solo se cuenta con alrededor de 66 mil fosas en cementerios oficiales y 10 mil 772 en concesionados.
Desde 2018 advirtió que solo faltaban 10 años para agotar toda fosa de los 118 camposantos ubicados en la CDMX, de los cuales 87% son públicos, mientras que el 13% son privados. De estos, el 70% se encuentra bajo el régimen de perpetuidad y el 30% restante bajo el régimen de temporalidad.
Pero los problemas también se extienden al uso de suelo por irregularidades en un 60% de los espacios, porque los titulares ya fallecieron. Las consecuencias son que se encuentran intestados, se presentan títulos falsos o se registran conflictos familiares.

“El normativo local es el Reglamento de Cementerios del Distrito Federal que está vigente desde 1984, así que en la actualidad no existe certeza jurídica plena en esta materia, además, las normas y reglas se encuentran dispersas”, asegura el también coordinador Parlamentario del PRD, en el Congreso de la Ciudad de México.
La actual administración del gobierno local señala como una probabilidad que se lleguen a una saturación, por el crecimiento poblacional y la falta de terrenos para abrir más panteones, un problema que le compete y debe ser atendido por cada alcaldía.
Si bien, no ha contabilizado cuántos lugares para el descanso eterno dispone cada ex delegación, se cuenta con un registro por división o clasificación de los cementerios: 83 vecinales, 19 civiles, 14 concesionados y dos históricos.
De acuerdo con Juan Romero Tenorio, director General Jurídico y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, actualmente el número de fosas disponibles asciende a 64 mil 321 en los civiles y 68 mil 696 en los concesionados.
“Donde realmente ya no hay disponibilidad es en los panteones vecinales, porque son muy pequeños. Estos se ubican en barrios habitados por pueblos originarios, quienes respetan sus usos y costumbres, hasta en la forma de sepultar a sus seres queridos. La saturación también se extiende a los históricos”, asegura Romero Tenorio.
Al ser cuestionado por el número de fosas clandestinas o suplantadas por cuerpos desconocidos, explica que las pasadas administraciones dejaron un desorden informativo, que impiden contar con datos precisos sobre el tema de los cementerios.
“Esto complica hacer una revisión muy específica de panteón por panteón, como no hay nada digitalizado y todo es un proceso de registro manual, se pierden datos y el control de la realidad de estos espacios”, añade el servidor público.
Ante una inexistente certeza jurídica sobre la materia y la vigencia sin reformas del Reglamento de Cementerios del Distrito Federal de 1984, el diputado Lobo Román presentó hace un par de años una iniciativa, que se supone ya fue aceptada, pero aún no se publica.
“La Ley de Servicios de Cementerios de la Ciudad de México consta de 153 artículos y siete títulos. Es un instrumento normativo acorde a las necesidades y exigencias de los capitalinos. Asimismo contempla un paquete de reformas a las Leyes de Salud y del Instituto de Verificación Administrativa, para que todos los servicios funerarios cumplan con la ley y ofrezcan las garantías sanitarias y de seguridad jurídica a los usuarios”, explica el perredista.
Al respecto, la profesora en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), Laura Vázquez, analiza la propuesta en el capítulo séptimo, donde se desarrolla el artículo 69 que dice que las fosas a perpetuidad no pueden ser uso de venta, enajenación, donación, prestación o cualquier otra figura.
“La realidad de los panteones oficiales capitalinos es que hay un sin fin de tumbas abandonadas. Si el gobierno las recupera, no habrá quién se oponga, porque la mayoría de las personas no cuenta con papeles que las legitimen.
“Pero si esto se llega a regular sería sensacional, el problema es que se lucra con esas tumbas, donde los encargados de los panteones hacen uso o disponen de las fosas a su conveniencia. Realmente es un asunto muy complicado”, agrega la académica.
Por su parte, Juan Romero Tenorio, director General Jurídico y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, recuerda que la perpetuidad se entregó hasta 1975. Lo que ahora se está implementando es el Programa de Regularización, para que los ciudadanos mantengan este régimen.
“Con esto buscamos simplificar los trámites y brindar certeza jurídica a los poseedores de los títulos; así como dar continuidad de estos entre familiares, pues permiten la designación de dos beneficiarios, quienes obtendrán el derecho que ampara el título en caso de incapacidad o fallecimiento de quien era el acreedor”, explica el funcionario
El paso de la muerte no solo deja problemas emocionales, los familiares se enfrentan a gastos y deudas difíciles de solventar. De acuerdo con Manuel Ramírez, director General de J. García López, la Ciudad de México registra 150 mil defunciones en los últimos años, las cuales son atendidas por dos grupos funerarios: los del gobierno y los privados.
De dicha cifra, 50 mil son negociadas a través de este último sector, con precios que van desde 18, 500 hasta 150 mil pesos. El resto y, que representa el número mayor de los casos, reciben servicio por parte de los velatorios del Seguro Social y el ISSSTE, donde los costos varían de 7 mil hasta 20 mil pesos.
Ramírez comparte que en el último censo funerario que se realizó, se registra que el país cuenta con 5 mil establecimientos de este giro, de las cuales, el 50% operan en total informalidad, mientras que el 30% en la mediana informalidad, es decir, cumplen con algunos estatutos y otros no. El resto del porcentaje es el que realmente se acata a las normas y reglamentos establecidos.
Pero la informalidad no es el único padecimiento de la industria. El dolor y la ignorancia ante no saber qué hacer después de un descenso, son dos flaquezas bien aprovechadas por algunos propietarios, quienes llevan a cabo negociaciones corruptas con trabajadores de hospitales, Ministerio Público y encargados de los camposantos, es decir, sacan ventaja de la desgracia.
“Para evitar empresas que lucran con el dolor, primero asegurarse de que el contrato está debidamente registrado ante PROFECO. El siguiente punto es ir directamente a la funeraria y verificar instalaciones y calidad de productos. Asimismo, prevenir con un plan funerario, a lo que nosotros llamamos una compra anticipada”, recomienda Ramírez.
Los entrevistados coinciden en que urge una legislación que regule cada punto mencionado, entre otros, para evitar problemas y el lucro con la pérdida. La muerte debería ser un proceso sin altibajos para la familia que sufre por ser amado.
12 mil millones de pesos anuales genera la industria funeraria
630 mil defunciones ocurren por año en México
20% del parque vehicular se utiliza para el traslado de restos humanos
90% son cremaciones
17. datos de cremación
De 7 a 8 mil pesos es el costo de cremación en funerarias de gobierno
De 12 a 20 mil pesos por inhumación y otros servicios en áreas públicas
De 18 mil 500 pesos hasta 150 mil pesos se paga a una firma
El Reglamento de Cementerios del Distrito Federal de 1984 señala una temporalidad mínima de 7 años sin derecho a refrendo; una máxima que establece los mismos años y el derecho a dos refrendos, para sumar 21 años y la posibilidad de una temporalidad indefinida, que le llaman máxima indefinida de cripta familiar, a una duración de 7 años, que se puede renovar indefinidamente mientras la familia la utilice
sin interrupciones.
sin límites.