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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Baja California y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reparar el daño, mediante compensación económica y atención sicológica a un migrante hondureño detenido en Tijuana en 2009 por policías federales y estatales.
Tras realizar una investigación derivada de una queja, el organismo determinó que el agraviado fue privado de su libertad de manera prolongada, sufrió violaciones a su integridad física y estuvo arraigado ilegalmente en instalaciones militares por cinco días acusado de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La comisión acreditó que el Ministerio Público cumplimentó “indebidamente” la solicitud de arraigo del migrante, ocasionando que se encontrara en estado de indefensión. “También no le mencionaron su derecho a la asistencia consular que como extranjero tenía, y fue procesado penalmente”, dijo.
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