La presidenta afirmó que existe plena confianza en las instituciones del país, en particular en la Fiscalía General de la República (), la cual —dijo— debe realizar una revisión “exhaustiva” en los casos relacionados con presuntas violaciones a la soberanía nacional, los agentes de la CIA, y solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos, en este caso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que tanto el tema de la posible actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano, como el comportamiento de autoridades de , se encuentran ya bajo análisis de la FGR.

Asimismo, detalló que la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con sede en Nueva York, corresponde a una “detención provisional con fines de extradición”, procedimiento que debe ser evaluado conforme a la legislación mexicana.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (30/04/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (30/04/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Sheinbaum subrayó que corresponde a la fiscalía allegarse de pruebas suficientes para determinar si procede o no abrir una carpeta de investigación.

"Todos confiamos en las instituciones del país y la fiscalía, pues tiene que hacer una revisión exhaustiva y, a partir de ahí, dar su posicionamiento”, señaló.

Indicó que, una vez concluido este análisis, la FGR deberá informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instancia que a su vez comunicaría la postura oficial al gobierno estadounidense, ya sea a través de la embajada o del Departamento de Estado de Estados Unidos.

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Cuestionada sobre la posibilidad de una eventual extradición de figuras políticas, la presidenta evitó adelantar escenarios y reiteró que cualquier decisión dependerá estrictamente de las pruebas y del marco legal vigente en México.

"Primero, antes que nada, son las pruebas”, puntualizó, al insistir en que la FGR debe actuar con base en la legislación y jurisdicción nacional.

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