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La senadora del PVEM, Rocío Corona Nakamura, exhortó a los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, así como al INM para que informen de manera detallada sobre los avances en la implementación de la nueva política migratoria y del modelo humanitario de movilidad, con el objetivo de garantizar de forma integral los derechos de las personas migrantes, en tránsito y refugiadas en el territorio nacional.
La legisladora subrayó que México enfrenta una realidad compleja en materia migratoria, en la que miles de personas, familias y grupos sociales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, discriminación, exclusión y riesgo, lo que hace indispensable que los tres niveles de gobierno actúen de manera coordinada y transparente.
Explicó que las personas migrantes en tránsito irregular, así como quienes retornan al país, representan algunos de los grupos más expuestos a la discriminación estructural, particularmente niñas, niños y adolescentes no acompañados. A ello se suman prácticas como la estigmatización, la explotación laboral y el rechazo social, que profundizan su situación de vulnerabilidad.
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Por ello, consideró indispensable que los gobiernos estatales informen de manera puntual cómo están aplicando la política migratoria basada en un enfoque humanitario y de respeto a la dignidad humana.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 2022, una de cada diez personas migrantes de 15 años declaró haber abandonado su lugar de residencia por motivos de discriminación, inseguridad o violencia, lo que confirma la urgencia de políticas públicas eficaces, con enfoque de derechos humanos y justicia social.
Corona Nakamura destacó que, si bien la legislación mexicana reconoce derechos fundamentales como la libertad de tránsito, el acceso a la justicia, la salud y la educación, en la práctica muchas personas migrantes enfrentan desprecio, discriminación estructural, explotación laboral, detenciones arbitrarias y falta de acceso a servicios básicos, lo que evidencia la necesidad de evaluar y reforzar las acciones gubernamentales en las entidades con mayor flujo migratorio
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“Solo mediante la rendición de cuentas, la coordinación institucional y la inclusión social será posible garantizar condiciones dignas de vida y el pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en México”, concluyó la senadora.
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