Ante el hostigamiento hacia las personas deudoras, particularmente mediante sistemas automatizados de cobranza, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para regular esas prácticas extrajudiciales y frenar el acoso, sin promover el no pago ni restringir el derecho legítimo de los bancos a cobrar los créditos otorgados.
El legislador del Partido Verde dejó en claro que la reforma no busca condonar deudas ni impedir el cobro, sino establecer límites claros para evitar que, ante la falta de vigilancia y de un marco legal preciso, algunas instituciones actúen de manera indebida, sobre todo en materia de cobranza.
Ramírez Marín subrayó que lo que se busca es actualizar el marco legal para proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros, ya que la cobranza, cuando no está debidamente regulada, puede convertirse en una práctica sumamente grave.
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El senador por Yucatán destacó que el uso de nuevas tecnologías ha cambiado la forma en que operan los despachos de cobranza, por lo que resulta indispensable ajustar la legislación a esta nueva realidad.
Advirtió que las llamadas constantes y la imposibilidad de usar el teléfono incluso para emergencias, transforman la cobranza en un acto de hostigamiento absoluto, sin importar si la deuda es elevada o de montos menores.
Denunció que se tiene el registro de casos con “624 llamadas en 24 horas; descuenten ustedes las horas en las que no se puede llamar, es decir, el tiempo que debe respetarse, porque está regulado. Les van a dar que una persona puede recibir prácticamente una llamada en su teléfono celular cada dos minutos”.
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Dijo que este tipo de acciones transforman la cobranza en un hostigamiento total y absoluto, donde el teléfono queda prácticamente “secuestrado” hasta que se realiza el pago, sin importar el monto de la deuda ni si el usuario necesita el dispositivo para una emergencia.
La iniciativa adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y propone sanciones de hasta 3 mil días de salario a instituciones que incumplan la norma, además de que establece la responsabilidad solidaria por actos de terceros, es decir, despachos contratados para la cobranza.
El legislador reiteró que la iniciativa responde a la necesidad de contar con un sistema bancario moderno, aliado del desarrollo, con una banca de Estado, de desarrollo y rural que apoye a distintos sectores. “Insisto, no se trata de que la gente no pague, sino de que todos, se conduzcan dentro del orden y de lo justo, respetando el derecho de los demás”, enfatizó.
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