justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
En los últimos tres meses, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha avanzado 30% en la investigación del caso Ayotzinapa, reprocharon padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Ante ello, emplazaron a la dependencia a detener —antes de octubre— a policías municipales de Huitzuco y Cocula, quienes podrían estar involucrados en la tragedia, próxima a cumplir tres años.
De lo contrario, advirtieron, tras reunirse ayer por más de dos horas con el procurador, Raúl Cervantes, y la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, no volverán a la mesa de diálogo.
La PGR, Gobernación y la Cancillería informaron más tarde que la reunión permitió actualizar a la CIDH y a los familiares de los estudiantes sobre los avances de la investigación y las medidas para fortalecer la búsqueda de los normalistas, que incluye fortalecer la oficina que da seguimiento al caso.
El titular de la PGR, Raúl Cervantes, reiteró que se agotarán todas las líneas de investigación.
Al concluir el encuentro, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, dijo que sigue sin haber un indicio claro y objetivo de dónde se encuentran los estudiantes.
Acompañado por el vocero del movimiento, Felipe de la Cruz, el litigante afirmó que de las cuatro líneas de investigación: la actuación del Ejército, la participación de la Policía Federal en Huitzuco, la telefonía celular y el trasiego de droga en autobuses, que solicitaron profundizar en mayo, sólo hubo progreso en lo que tiene que ver con las cámaras del C4 de Iguala y del quinto autobús.
Detalló que los días de los hechos, el 26 y 27 de septiembre de 2014, había 10 cámaras interiores que no funcionaban y 25 exteriores, de las cuales cuatro estaban activas.
“Hay seis despachadoras de las cámaras que emitieron su declaración, también nos informaron que se pudieron captar algunas imágenes, pero no son nítidas”, explicó.
Sobre el quinto autobús, afirmó que lo único que se avanzó, adicionalmente a lo que se ha dado a conocer, “es que siguió la ruta correcta que mencionan los estudiantes, es decir, que salió de la central de autobuses de Estrella Blanca, recorrió el Periférico Sur y fue detenido antes de llegar al Palacio de Justicia”.
Por parte de la Secretaría de Gobernación acudió el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, y por la de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz.