Secretaría Anticorrupción inhabilita a tres empresas proveedoras del gobierno; multas superan el medio millón de pesos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, inhabilitó este lunes a tres empresas proveedoras del Gobierno Federal para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación con la Administración Pública.

En un comunicado, la entidad gubernamental detalló que las personas morales sancionadas son: Guardería Infantil San Nicolás, A.C., Just Implant, S.A DE C.V. y CISM, S.A. de C.V.

Sobre la asociación Guardería Infantil San Nicolás, el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS le impuso una multa de 134 mil 664 pesos e inhabilitación por seis meses, bajo el argumento de que proporcionó información falsa durante la vigencia de un contrato en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

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La notificación fue realizada el pasado 15 de diciembre y publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La empresa Just Implant, por otro lado, fue sancionada con una multa de 577 mil 320 pesos e inhabilitación por un año, porque brindó información falsa en un procedimiento de contratación para el suministro de material de osteosíntesis y endoprótesis. La notificación fue realizada el pasado 16 de diciembre.

Por último, se impuso a CISM una multa de 144 mil 330 pesos y una inhabilitación por tres meses, debido a que, “injustificadamente y por causas imputables a la empresa”, no formalizó dos contratos con los que resultó adjudicada, derivado de su participación en una licitación pública.

Dicho contrato era para adquirir servicio de mantenimiento y rehabilitación de las oficinas y áreas administrativas de los inmuebles en uso y administración de Agricultura y Desarrollo Rural, durante el ejercicio fiscal 2022. La notificación de la sanción fue notificada el 12 de diciembre pasado.

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Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que las personas morales referidas fueron ya inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impedirá participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

Explicó que las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y que, en dado caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones aplicadas, por haber sido impuestas “con apego al derecho y en protección del interés público”.

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