Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, informó que se ha identificado la presunta vulneración de bases de datos personales pertenecientes a diversas instituciones públicas, derivado de información difundida públicamente y del monitoreo permanente de posibles incidentes de seguridad.

Ante estos hechos, la Secretaría determinó la apertura de diversos procedimientos de investigación de oficio con el objetivo de analizar el origen del incidente, identificar posibles fallas en las medidas de seguridad y, en su caso, determinar las infracciones administrativas que correspondan y deslindar responsabilidades.

“Si bien en espacios de la deep web se presume que la obtención de la información derivó de un hackeo, la investigación considerará todas las hipótesis posibles, incluyendo el uso indebido de credenciales de acceso o una eventual filtración interna”, señaló.

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En este caso, así como en otros incidentes objeto de análisis por la dependencia, las investigaciones correspondientes se encuentran en curso y se desarrollan con estricto apego a los principios de reserva y confidencialidad que exige el procedimiento, a fin de no comprometer su eficacia ni la integridad de las evidencias.

“Las instituciones involucradas deberán atender las investigaciones iniciadas por la Secretaría y en su caso, presentar las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes”, mencionó en un comunicado oficial.

Los procedimientos de investigación podrán concluir en observaciones y recomendaciones técnicas orientadas a la corrección de vulnerabilidades, el fortalecimiento de las medidas de seguridad, incluyendo los controles de acceso y la adecuada supervisión de las personas servidoras públicas con acceso a sistemas y bases de datos personales, dando vista al Órgano Interno de Control correspondiente si se actualiza alguna responsabilidad administrativa.

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Explicó que de advertirse la participación de alguna persona servidora pública en conductas que pudieran constituir un delito, la secretaría también dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR), conforme a la normatividad aplicable.

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