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Senadoras de oposición advirtieron que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado busca limitar derechos y reducir el acceso de los ciudadanos a la justicia.
La propuesta reforma la Ley de Amparo y reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución, además del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La senadora del PRI, Claudia Anaya denunció que la propuesta presidencial “pretende quitarle al justiciable ciertos mecanismos de defensa, dejando menos posibilidades de consolidar sus derechos y más facilidad para que las autoridades recurran”.
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La senadora explicó que, aunque algunos cambios van por temas fiscales, el efecto central será que los ciudadanos tendrán menos herramientas para defenderse ante tribunales o para ejercer sus derechos frente a los cobros fiscales.
“Buscan una ruta de cobro más rápida y eficiente para la autoridad, pero eso se traduce en menos posibilidades de defensa para el justiciable”, añadió Anaya.
Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales señaló que lo que busca el gobierno es hacerse de más control, como parte de las acciones relacionadas con la reforma judicial.
“Limita a quien puede acceder al juicio de amparo, que esto es también un tema muy delicado, muy importante, y también restringe las facultades, el alcance de los juzgadores. (…) Esto confirma lo que hemos señalado, no les gustan los contrapesos, no les gusta que otros poderes sean fuertes. En este caso, lo poco que quedaba del Poder Judicial, las pocas facultades, las siguen acotando”, apuntó.
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“En español simple y sencillo, lo que significa es que con estos cambios ahora solamente podrán presentar o interponer amparos los que sean directamente afectados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la construcción del tren Maya, conocimos que muchas personas de diferentes lugares del país interpusieron estos juicios de amparo, o demandas por daño al medio ambiente, etcétera.
“Con este cambio que están proponiendo, en este ejemplo que estoy dando, solamente podrían interponer amparo los que sean propietarios de los terrenos en donde esté afectando directamente la obra.
Alejandra Barrales señaló que el segundo cambio trascendente es que a los jueces les están limitando facultades. “Ya no hay esa facultad de interpretación que históricamente han tenido los juzgadores. Ahora eso está acotado”.
kicp/apr
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