El recorte presupuestal que diversos diputados de Morena han planteado al Poder Judicial, por 25 mil millones de pesos, llevaría a un retroceso de ocho años, colocando a México en el escenario que existía en 2015.
De acuerdo con un análisis realizado por EL UNIVERSAL a los presupuestos y al ejercicio del gasto, dicha reducción implica que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pasen de recibir 78 mil 544 millones de pesos en 2023, a 53 mil 544 millones en 2024 en su conjunto, cifra similar a la que les fue asignada en 2015, cuando obtuvieron 51 mil 769 millones.
Desde aquella fecha (2015) hasta entonces, las capacidades institucionales del Poder Judicial crecieron a la par de su presupuesto; sin embargo, dicho recorte de 32% al monto que recibieron en 2023 implica regresar a aquel escenario, lo que representa desaparecer 63% de los juzgados de distrito y 69% de los tribunales colegiados de circuito en todo el país.
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Con el recorte, el número de juzgados se reduciría de 737 a 461, mientras que la cifra de tribunales colegiados pasaría de 910 a 627.
Pese a ello, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha insistido en la posibilidad de recortar los recursos del Poder Judicial.
“Tienen excesos por cerca de 25 mil millones de pesos y vamos a hacer una revisión puntual de ese dinero que representa todo el gasto que no tiene que ver con el cumplimiento de sus objetivos”.
El pasado 28 de agosto, la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, presentó el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, que contempla un aumento real de 4% respecto a lo aprobado para 2023, es decir, un gasto de más de 84 mil 700 millones de pesos; no obstante, Ignacio Mier tachó de “mafioso” el mensaje y adelantó que pedirán a la ministra presidenta que acuda a San Lázaro para que explique el uso de los recursos.
“Ahora la citaremos para que nos explique su presupuesto y, sobre todo, lo que nos cuestan los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó.
El presupuesto que el Poder Judicial solicitó para 2024 representa 0.9% del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en tanto que la inversión per cápita para el PJF oscila en 1.8 pesos diarios por cada mexicano, mientras que el promedio de los sistemas judiciales en países de Europa equivale a cuatro pesos mexicanos per cápita (2022).
Del total de sus recursos, el Poder Judicial destina 86.1% del presupuesto al pago de remuneraciones de las más de 55 mil 800 personas que lo integran (3 mil 624 de la SCJN, mil 593 del TEPJF y 49 mil 171 del CJF), de las cuales ocho de cada 10 realizan labores jurisdiccionales, es decir, actividades relacionadas con la defensa y protección de los derechos de las personas, así como de su patrimonio, trabajo, familia, seguridad y desarrollo, por lo que un recorte también implica despidos masivos en todo el país.
Lo anterior también representa un riesgo de retroceso en la procuración de la justicia, ya que aun en las condiciones actuales existe un rezago de juzgadores en México. De acuerdo con estimaciones del propio Poder Judicial, el país cuenta con un promedio de cinco personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, mientras que el estándar internacional es de 65 y el promedio de la región latinoamericana es de 18.7.
La tendencia señala que, en 2024, al menos una de cada 100 personas tendrá un conflicto que dirimir ante el PJF, lo cual representa alrededor de 1.3 millones de casos nuevos. Lo anterior, sin contar que en el proceso electoral próximo, donde se renovarán 20 mil 263 cargos de elección popular, se prevé la recepción de más de 20 mil asuntos al Tribunal Electoral.
Se pondría en riesgo la atención de más de 3 millones 541 mil asuntos que implican la defensa de la dignidad de las personas, de su patrimonio, familia, trabajo y desarrollo, así como de los límites al ejercicio abusivo del poder público y de las garantías para la vigencia del Estado de derecho.
Finalmente, al contar con menos recursos, el PJF se vería obligado a incumplir sus compromisos legales en materia de justicia laboral, que implican la creación de 22 tribunales laborales y la capacitación de sus integrantes. Dichas obligaciones derivan de las reformas laborales de 2017 y 2019.
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