El ministro en retiro José Ramón Cossío hizo un llamado a no permitir que el presidente Andrés Manuel López Obrador someta a los jueces y al Poder Judicial a los intereses del gobierno que encabeza, con el falso argumento de que todos son corruptos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que las resoluciones judiciales que no le han gustado al Mandatario han sido apegadas a Derecho y emitidas por jueces libres, pero como a juicio de López Obrador afectan su proyecto de nación, emprende una embestida y descalifica a todo el Poder Judicial, lo que no sólo es grave, sino peligroso para la democracia y las instituciones.
“Creo que sí, el Presidente está resintiendo que haya (...) jueces libres, independientes, que están tomando decisiones conforme a Derecho, que están frenando lo que él piensa que debiera ser su movimiento político, su sentido de trascendencia, entonces sí, creo que es muy peligroso y que tenemos que estar muy atentos para no permitir que el Presidente someta a todos los jueces, sobre todo a los federales, porque simple y sencillamente los jueces federales están dictando resoluciones conforme al orden jurídico”, dijo.
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El ministro en retiro manifestó que si hay jueces corruptos y fallos injustos, existen las instancias jurisdiccionales para controvertirlos y denunciar a esos juzgadores, a fin de que sean investigados y, en su caso, sancionados, pero el presidente López Obrador prefiere emprender una campaña contra el Poder Judicial de la Federación, amagando incluso con recortarle el presupuesto, lo que también sería muy grave.
“Si el Presidente disminuye la fuerza del Poder Judicial, ¿en dónde se van a resolver los muchos conflictos que está viviendo la sociedad mexicana? En un momento de tantos conflictos de diversa naturaleza, y lo digo en un sentido retórico y en un sentido sarcástico, ¿de verdad le parece al Presidente y a su gente que es una buena idea disminuir las capacidades de resolución de los conflictos de los jueces y de los magistrados bajo el señalamiento de que son unos corruptos?
“¿No sería mejor ampliar las posibilidades de resolución de los conflictos por parte de los jueces y castigar a aquellos que, efectivamente, sean corruptos?”, cuestionó.
Advirtió que si se debilita al Poder Judicial de la Federación, los más perjudicados serán los pobres, a los que el Presidente dice defender y proteger como una de sus prioridades.
“Eso (...) es abonar indirectamente, pero conscientemente, al incremento de la violencia, al de la justicia de propia mano y, desafortunadamente y a pesar de que el Presidente piense lo contrario, quien más pierde en esto son las personas con menos recursos. Aquí sí parecería que su frase de ‘primero los pobres’ es precisamente lo último en lo que está pensando, porque van a ser los más afectados por estos procesos en los que él parece tener la intención no sólo de criticar a los jueces, sino de contraer la actividad judicial”.
El exintegrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificó el presupuesto que ejerce el Poder Judicial, pues dijo que la mayor parte de los recursos se destinan al pago de salarios: “Si tú revisas, prácticamente todo se va en el pago de salarios. Hay algunas cantidades que tienen que ver con acondicionamiento físico de los inmuebles, con equipos de cómputo, etcétera. Entonces, recortar los ingresos indiscriminadamente puede significar que haya un recorte a salarios y que esto frene o impida el crecimiento o inclusive el mantenimiento de los jueces”, consideró.
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Presenta libro
El ministro presentó su más reciente libro Que nunca se sepa, resultado de una amplia investigación sobre un atentado que no retomó la prensa en su momento.
El 5 de febrero de 1970, un joven llamado Carlos Castañeda de la Fuente, de 28 años, cometió un atentado contra quien pensó que era el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Disparó su arma contra el vehículo en el que creía que viajaba el exmandatario a plena luz del día y en un lugar concurrido: la esquina de Insurgentes y Valentín Gómez Farías, en la capital del país.
Pero en el automóvil no iba Díaz Ordaz, sino su secretario de Seguridad Pública, el general Marcelino García Paniagua, quien salió ileso.
El autor del frustrado atentado fue detenido y llevado a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), donde fue torturado; posteriormente fue trasladado al Campo Militar Número 1, lugar en el que estuvo internado durante cuatro meses.