Secretarios se suman contra la ley de salarios

Un total de mil 414 secretarios de juzgados y tribunales federales se sumaron a la lluvia de amparos tramitados contra la ley federal de remuneraciones

Secretarios se suman contra la ley de salarios
Foto: Archivo
Nación 10/12/2018 03:44 Diana Lastiri Actualizada 10:00
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Un total de mil 414 secretarios de juzgados y tribunales federales se sumaron a la lluvia de amparos tramitados contra la ley federal de remuneraciones que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

En uno de los modelos utilizados por los secretarios de Acuerdos para tramitar el amparo, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, acusaron que dicha ley “es una manifestación del presidencialismo” contraria a la Constitución federal, al condicionar el salario de la burocracia mexicana al del titular del Ejecutivo.

La demanda retoma el argumento que los jueces y magistrados han manifestado también en sus juicios de amparo, en el sentido de que la ley viola la independencia judicial porque la labor de los secretarios también contribuye a la labor de los juzgadores y se ven afectados.

“No sólo los jueces y magistrados gozan per se de la garantía judicial de independencia, sino todos aquellos que colaboramos directamente con tales juzgadores, principalmente quienes pertenecemos a la carrera judicial”, indican los quejosos.

Hasta el corte de ayer los amparos sumaron 862 demandas que reunieron a 4 mil 74 quejosos, de los cuales, además de los mil 414 secretarios, 351 son jueces; 383, magistrados; 308, actuarios; 712, oficiales, y 610, externos.

Los secretarios reclamaron que, según el artículo primero transitorio de la ley federal de remuneraciones, la obligación de informar a su superior jerárquico sobre los excedentes en sus salarios entró en vigor el 6 de noviembre, es decir, que de no informar desde ese momento a sus superiores si ganan más que el Presidente de la República podían ser sujetos a proceso penal, por el delito de remuneración ilícita, que contempla una pena máxima de 14 años de prisión.

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