“Hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros”, advirtió ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en el pasaje central del discurso con que celebró los primeros dos años de su triunfo electoral, a solo unos días de recibir en Palacio Nacional al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
Se trató de una concentración masiva en el Monumento a la Revolución, en la que Sheinbaum, entre aclamaciones de “¡No estás sola, no estás sola!” y “¡Presidenta, presidenta!”, más que músculo, mostró los dientes.
Un discurso en el que se oficializó el encubrimiento.
Sheinbaum acusó la actuación clandestina, ocurrida a sus espaldas, de agentes de la CIA en Chihuahua. Y acusó “algo todavía más grave”:
“Una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó con carácter de urgente la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin presentar públicamente pruebas que sustentaran esa solicitud”.
El mensaje es que no se dará la entrega del exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, ni de nueve funcionarios y exfuncionarios requeridos por Estados Unidos, porque —hay que tenerlo claro— luego vendrán, como ya lo saben en Palacio Nacional (los avisos y los informes entregados en mano llevan año y medio fluyendo) por otros gobernadores y altas figuras de Morena metidas en toda clase de tratos con grupos del crimen organizado.
Adán Augusto López, Andrés Manuel López Beltrán, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García, Evelyn Salgado, Marina del Pilar Ávila, Rutilio Escandón… Si se trata de nombres, hay para aventar para arriba y el lodo puede llegar, como muy probablemente ha ocurrido ya tras las negociaciones de los hijos del Chapo y de Ismael El Mayo Zambada, hasta el líder mismo del movimiento.
En la misma ruta de endurecimiento, la presidenta Sheinbaum acusó a Estados Unidos de haber rebasado el ámbito de la cooperación bilateral para incurrir en actos de injerencia y preguntó si hay un interés legítimo en ayudar a México o si lo que estamos viendo es “cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026”.
No solo eso, sugirió que dichos sectores pretenden influir en las elecciones mexicanas de 2027.
No hay pruebas, pues, de narcogobierno en Sinaloa. Lo que la Presidencia ve es una operación política, llevada a cabo desde el Departamento de Justicia, para mangonear las próximas elecciones.
No hay control político del crimen organizado: lo que hay es una ofensiva mediática, campañas millonarias en redes sociales, y la actuación de la “derecha entreguista, dispuesta a celebrar e incluso a promover las presiones de políticos extranjeros… para recuperar privilegios o frenar la Transformación”.
Sheinbaum llamó a la movilización política, al reparto de volantes en las plazas. “¡México no es piñata de nadie!”, “¡Somos un país libre, independiente y soberano!”.
Desde hace año y medio, Estados Unidos ha estado anunciando la información que tiene en las manos y fue alineando todo para dejar de hablar de narcopolítica y comenzar a hablar de narcoterrorismo, lo que amplió legalmente sus márgenes de maniobra.
El gobierno de Trump ha insistido en todos los tonos que México está gobernado por los cárteles. Para no ir más lejos, esta misma mañana el exsecretario de Seguridad de Rubén Rocha Moya, acusado de recibir sobornos a cambio de facilitar las operaciones de Los Chapitos (la acusación dice que en 2023, “o alrededor de ese año”, les advirtió de al menos 10 redadas contra laboratorios de drogas), comparecerá ante el fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Es probable que el discurso de Sheinbaum marque un antes y un después en la relación de cooperación bilateral. Cabe esperar que, luego de este discurso, Estados Unidos decida arreciar las acusaciones contra narcopolíticos mexicanos. Se abre, también, la posibilidad de que el gobierno de Trump decida ponerse aún más pesado y comience a actuar unilateralmente, porque a pesar de la entrega o la diligente expulsión de 92 narcotraficantes mexicanos, la narcopolítica sigue intacta: ni un solo narcopolítico ha sido tocado.
El horno estaba ardiendo y Sheinbaum le aumentó la lumbre. Lo único claro es que las presiones de Estados Unidos no terminarán tras el discurso en que se hizo oficial el encubrimiento.
La presidenta afirma que en México gobierna el pueblo, mientras en México crece la percepción de que quienes gobiernan son cómplices de los narcos.