El marco constitucional prevé que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus cargos.
También señala que las acciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas.
Las faltas administrativas graves serán investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además, el Sistema Nacional Anticorrupción reúne a autoridades que tienen facultades con la prevención, detección y combate a la corrupción.
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